El alcalde de Palma reitera en la reunión con la ministra de Vivienda la necesidad de otorgar seguridad jurídica para incentivar el arrendamiento de larga duración y herramientas para combatir la ocupación ilegal.
El alcalde participa en la reunión de la FEMP
Jaime Martínez Llabrés participa en la reunión de la FEMP con Isabel Rodríguez
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, participó en la reunión mantenida ayer por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la cual los representantes de las Corporaciones locales expusieron sus principales reivindicaciones en cuestiones relacionadas con la necesidad de ampliación de la oferta habitacional, ya sea en régimen de venta o arrendamiento.
Martínez Llabrés insistió en la prioridad de incrementar la oferta de vivienda disponible mediante la incorporación de más viviendas al mercado, poniendo más alternativas a disposición de la demanda.
Reforzar la seguridad jurídica y combatir la ocupación ilegal
La posición del alcalde y de su equipo de gobierno es que este aumento del parque inmobiliario debe centrarse, entre otras fórmulas, en reforzar la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas que actualmente se encuentran vacías debido, principalmente, a las reticencias de los titulares a acudir al mercado de alquiler.
Igualmente, Jaime Martínez incidió en la necesidad de instaurar herramientas legales efectivas que permitan erradicar el problema de la ocupación ilegal de las propiedades y, a su vez, incentivar la firma de contratos de arrendamiento de larga duración.
Esto pasa, según ha manifestado el primer regidor de Cort, por exigir a la Administración central que proceda a abrir los marcos legislativos preceptivos, que son la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Combatir el alquiler turístico ilegal
Por otra parte, el primer regidor de Palma destacó la necesidad de contar con las herramientas necesarias para combatir el alquiler turístico ilegal, exigiendo, a su vez, los suficientes requisitos de calidad a la oferta reglada.
En este sentido, Gobierno y municipios se han comprometido a trabajar conjuntamente para analizar cuáles son los aspectos que deben ser objeto de una futura legislación, destinada a combatir el uso abusivo y desproporcionado de este tipo de oferta.
