La consellera de Familias y Asuntos Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, Catalina Cirer, ha anunciado la creación de una línea extraordinaria de ayudas para los consells insulars, que se encontraron en una situación dramática de falta de espacios y recursos para atender niños y adolescentes menores no acompañados.

Preocupación por la situación migratoria

Cirer lo comunicó a los representantes de los consells insulars durante una reunión para tratar la grave situación migratoria que vivieron las Islas, enfocándose en la atención a los niños y adolescentes menores no acompañados. En el encuentro, los asistentes coincidieron en la preocupación ante la consolidación de las Baleares como ruta migratoria, especialmente con Argelia.

Objetivo de la iniciativa

El objetivo de esta iniciativa es asegurar que ningún menor quede desatendido, garantizando que reciban la atención y los servicios necesarios para su bienestar y desarrollo. Cirer destacó la importancia de esta medida: «Nuestro compromiso es firme. Queremos garantizar que todos los niños y adolescentes que llegan a nuestras islas, a menudo en situaciones muy difíciles, tengan acceso a una atención humana y digna». Por el contrario, resaltó que «el Gobierno central mira hacia otro lado ante esta realidad tan compleja que vivimos y traslada toda la responsabilidad a las comunidades autónomas».

Distribución de las ayudas

Las ayudas, que se distribuirían de manera proporcional entre los consells insulars en función de las llegadas, estaban destinadas a cubrir necesidades específicas de estos menores. «Nos encontramos en una situación en que la falta de recursos por parte del gobierno central nos ha obligado a tomar medidas urgentes. No podemos esperar más a soluciones que no llegaron, mientras nuestros Consells Insulars luchaban para hacer frente a esta crisis humanitaria. Es imprescindible una respuesta clara y contundente desde Madrid para garantizar los derechos y el bienestar de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas», subrayó Cirer, quien estimó que la llegada de menores no acompañados supuso un sobrecoste anual a los Consells Insulars de aproximadamente 40 millones de euros.

Reclamaciones al gobierno central

En este sentido, la titular de Familias y Asuntos Sociales reclamó en el gobierno central la creación de una línea de ayudas específica para las comunidades autónomas y anunció que la comunidad no renunciaría a reclamar este importe al gobierno central, puesto que, «a pesar de que las competencias en tutela de menores son de los consells insulars, la política migratoria es de Madrid. Esperamos que vuelvan a la política de la racionalidad y del consenso y abandonen las imposiciones».