La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recibe en el Ministerio a representantes de la Cruz Roja Española y a jóvenes migrantes.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó el Informe del Sistema de Acogida de Protección Internacional en España (SAPI) a José Javier Sánchez Espinosa, director del Área de Migraciones de Cruz Roja Española (CRE). En este documento, publicado con motivo del Día del Refugiado, se detallaba el procedimiento del Sistema de Protección Internacional español y su evolución para dar respuesta a diversas crisis internacionales. Saiz destacó la importancia del informe entregado, afirmando que «este intercambio de información con entidades como Cruz Roja contribuye a seguir mejorando.»
Durante el evento, la ministra se reunió, junto con otros responsables ministeriales, con el representante de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa, a quien hizo entrega del informe y con quien conversó sobre todo el proceso de protección internacional y sus diversos aspectos.
Elma Saiz tuvo la oportunidad de escuchar, de primera mano, el testimonio de un grupo de jóvenes migrantes procedentes de Mali y Burkina Faso, quienes compartieron su dura experiencia hasta llegar a España y agradecieron la acogida recibida en el país. Estos jóvenes, actualmente en protección internacional y que residían en uno de los Centros de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) gestionados por Cruz Roja, destacaron la importancia de los programas de formación y empleo que les permitían integrarse en la sociedad española.
«He podido escuchar a cinco chicos que huyen de la guerra en sus países, Mali y Burkina Faso, y que nos contaron cómo tuvieron que escapar, buscando un futuro mejor, atender a sus familias, dar de comer a sus hijos», explicó Saiz, quien aseguró que estos testimonios «son el mejor antídoto frente a mensajes racistas y xenófobos.»
La colaboración entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Cruz Roja Española es fundamental para garantizar una atención integral a las personas solicitantes de protección internacional. Cruz Roja desempeña un papel clave en la gestión de los CAED, donde se proporciona alojamiento y asistencia inicial a los recién llegados. Además, la organización colabora en programas de integración laboral y social. La ministra destacó el trabajo de Cruz Roja, «muchísima gente que no conoce de horarios ni vacaciones está permanente atenta para dar una atención psicológica, formativa a las personas que llegan a nuestro país.»
Informe del sistema de protección internacional
Como se mencionó anteriormente, en la reunión, la ministra Saiz hizo entrega al director del Área de Migraciones de Cruz Roja Española, José Javier Sánchez, del informe que desgrana el proceso y los datos del sistema de protección internacional en España.
En la actualidad, más de 35.000 personas estaban acogidas en las diversas fases del proceso.
En los últimos años, la presión migratoria en España había aumentado notablemente, con más llegadas a las costas y solicitudes de protección internacional. De hecho, España era el segundo país en número de solicitudes, tan solo por detrás de Alemania.
El informe destacaba que, en 2023, España registró un récord histórico de solicitudes de protección, un 37% más que el año anterior.
Por su parte, la respuesta del país a desafíos como el de Canarias o Ucrania demostró la flexibilidad del sistema de acogida, que se había adaptado y reforzado su capacidad tras cada nueva crisis humanitaria, como la del conflicto en Siria en 2015, la situación en Afganistán en 2021 y la crisis de Ucrania en 2022. En menos de 10 años, las plazas de acogida habían aumentado desde las 1.500 disponibles en 2015 a más de 19.000.
Al mismo tiempo, el presupuesto del SAPI se había incrementado notablemente en los últimos años, llegando a más de 652 millones de euros ese año.
El documento destacaba la importancia del Sistema de Acogida y Protección Internacional en España, así como las distintas iniciativas y programas que integraba para atender a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, cuyas vidas estaban en riesgo en su país por motivos políticos, religiosos o étnicos, entre otros; personas acogidas al estatuto de apátridas y solicitantes de protección temporal.
Asimismo, el informe recogía otros programas especiales que complementaban el propio sistema de protección internacional y que se desarrollaban en colaboración con otras instituciones y entidades públicas y privadas, entre otros: de reasentamiento, reubicación y acogida en familia.
