El Ayuntamiento de Madrid ofrece asistencia especializada para personas refugiadas y migrantes. Para ello, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad gestiona un servicio gratuito de asesoramiento jurídico en materia de extranjería y en casos de racismo e intolerancia, con el fin de facilitar la integración de las personas migrantes. Este recurso municipal experimentó un incremento del 10 % en las consultas durante el año anterior en comparación con el mismo período del año anterior. Se mantuvieron las mismas tendencias en la prestación del servicio, tanto en la tipología de las consultas como en los distritos, las nacionalidades y los tramos de edad de los demandantes.

Consultas registradas y principales temáticas

Durante los primeros siete meses se atendió a 4.744 personas, mientras que en el mismo período de 2023 fueron 4.478. Las principales consultas estuvieron vinculadas al procedimiento de arraigo, con 1.942 atenciones, seguidas de las 958 sobre asilo y las 545 concernientes a nacionalidad. Además, se registraron 370 solicitudes sobre autorizaciones de residencia, 140 sobre autorizaciones de trabajo y nueve sobre discriminación.

Distritos y nacionalidades más representativas

Los distritos con mayor número de usuarios de este servicio de asesoramiento jurídico son Usera (414), Puente de Vallecas (373) y San Blas (349). Entre las nacionalidades de origen de los demandantes destacan Perú (1.115), Colombia (900) y Venezuela (567). Por tramos de edad, este servicio es principalmente utilizado por personas de entre 31 y 50 años (2.419 solicitantes), seguido del tramo entre 18 y 30 años (999).

Asesoramiento especializado para personas refugiadas y migrantes

El servicio se presta por abogados especializados y ofrece atención y orientación personalizada sobre autorización de residencia, autorización de trabajo, arraigo social, visado, nacionalidad, expulsión, reagrupación familiar, así como sobre racismo y xenofobia, derecho de asilo y justicia gratuita. Además, se proporciona defensa jurídica gratuita en casos de racismo que revistan relevancia penal.

Requisitos para las consultas

En materia de arraigo, se requería que la persona solicitante llevara más de tres años en España, que contara con una oferta de empleo o tuviera medios económicos suficientes, y que careciera de antecedentes penales en su país de origen y en España. Si la consulta trataba de reagrupamiento familiar, solo lo podían solicitar los extranjeros residentes legales con autorización de residencia renovada. En caso de que la consulta fuera relativa a temas de racismo, podía acceder cualquier persona que hubiera podido ser víctima de un delito por razón de su origen racial, étnico, nacional, cultural o religioso.