La ministra ha informado sobre la aplicación práctica de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La comparecencia comenzó con un minuto de silencio por las recientes víctimas de violencia de género en el país, así como un mensaje de repulsa ante el asesinato machista de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei.
La solicitud de comparecencia y sus motivos
Redondo explicó que su solicitud de comparecencia estaba motivada por «el alarmismo, la desinformación y la inquietud desproporcionada» en torno a la Ley de Paridad «con la intención de cuestionar y denostar las políticas de igualdad, y de manera particular, al Ministerio de Igualdad». Ante esto, la ministra aseguró que el Ministerio tenía un objetivo claro: “avanzar en justicia social a través del desarrollo de los mandatos constitucionales”, especialmente los contenidos en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
Defensa de las políticas de igualdad
La ministra comentó que «cualquier actuación, cualquier medida, cualquier ley impulsada por este Ministerio es observada con una lupa de cien aumentos o, para ser más precisos, a través de un espejo convexo que deforma y distorsiona la realidad”. Además, advirtió sobre “las resistencias al profundo cambio de paradigma que han supuesto las políticas transformadoras de la cultura y las estructuras patriarcales y machistas”.
Redondo transmitió a los diputados presentes que «señorías, o trabajamos conjuntamente con lealtad y honestidad en esta revolución necesaria que se ha prolongado en el tiempo excesivamente, o fracasaremos como sociedad en la construcción de una democracia real».
La importancia de la igualdad
La ministra afirmó que la igualdad «es el vínculo que conecta todos los derechos fundamentales con la libertad» y que la igualdad de oportunidades constituye «la columna vertebradora de las políticas que fundamentan un estado del bienestar para todas y todos».
La Ley de Paridad como avance en derechos
Ana Redondo defendió que la Ley de Paridad avanza en la senda ya trazada en la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva, que establecía el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos público y económico. Esta ley es “coherente con el avance en derechos y libertades impulsado por los movimientos feministas en España y en Europa”, y constituye una ley necesaria y justa para que el país siga avanzando y sea un referente en políticas de igualdad a nivel global.
Redondo subrayó que «no existe el mérito y capacidad sin igualdad y, precisamente por mérito, por capacidad, por justicia social y por eficiencia de nuestro sistema productivo, las mujeres deben estar en los puestos de responsabilidad y en todos los ámbitos donde se toman decisiones».
Ronda de contactos y medidas de acompañamiento
Ana Redondo explicó que el Ministerio había iniciado una ronda de contactos y reuniones con los diferentes sectores implicados en la implementación de la Ley de Paridad. «No se trata solo de estar, señorías; se trata de ejercer porque la paridad no se limita a simples cuotas, sino que consiste en eliminar las cuotas masculinas».
La ministra anunció que el Instituto de las Mujeres pondría en marcha medidas para acompañar el desarrollo de la ley, incluyendo acciones de promoción, análisis, seguimiento y apoyo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley por parte de las sociedades cotizadas y entidades de interés público.
Corrección del error técnico en la ley
La ministra también se refirió a un error técnico en la disposición final 9ª de la ley, que sería subsanable y se tramitaría como enmienda para que la ley expresara claramente la voluntad de la mayoría de la cámara, que era proteger a todas las personas trabajadoras en el ejercicio de su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Redondo aclaró que, mientras se resolvía el fallo técnico, las personas trabajadoras no estaban desprotegidas porque contaban con la aplicación de la Constitución Española y la normativa europea, que proporcionaban una base sólida para considerar ciertos despidos como discriminatorios y, por tanto, nulos. El Estatuto de los Trabajadores contempla el derecho a no ser discriminado por el ejercicio de los derechos de conciliación.
La ministra insistió en que «la disposición final 9 de la ley de paridad no producirá la desprotección de las trabajadoras» y que «los despidos por el ejercicio del derecho a la adaptación de jornada o a los permisos para el cuidado de un familiar serán nulos».
Retrocesos en los derechos de las mujeres a nivel mundial
Durante su comparecencia, la ministra señaló los «retrocesos intolerables» en los derechos de las mujeres en el mundo, mencionando países como Afganistán, Siria, Irak, Irán o Sudán. «Tantos lugares donde se vulneran a diario los derechos básicos de las mujeres, donde somos silenciadas, anuladas, sometidas y esclavizadas por el simple hecho de nacer mujeres. En medio de este horror, estamos obligadas a combatir con toda nuestra solidaridad y fuerza este apartheid de género anacrónico e insufrible».
Ley para la Igualdad efectiva de las personas trans y derechos LGTBI
Hasta la fecha, 5.900 personas habían ejercido su derecho al cambio registral de sexo. «5.900 historias cargadas de frustración y dificultades que han visto cómo la ley aliviaba su sufrimiento y el de sus familiares y amigos», aseveró la ministra. La ley tiene como objetivo facilitar la vida de las personas y resolver problemas desde la equidad y el respeto a la Constitución.
La ministra aseguró que «las noticias de dudosa fiabilidad» no correspondían a la realidad. De los casi 6.000 cambios registrales solicitados, 85 habían sido denegados, en ocho ocasiones la persona solicitante había desistido y en cinco había caducado el expediente. «Los encargados del registro hacen bien su trabajo y, cuando detectan irregularidades o sospechan fraude o abuso del derecho, deniegan la inscripción», defendió Redondo. «En el 99% de los casos, la normalidad y el buen uso de la ley son la norma. De nuevo el dato rompe el relato».
Durante su intervención, Ana Redondo lanzó un mensaje claro a quienes quisieran abusar de la ley: «Se enfrentarán a dos problemas: los delitos derivados de actitudes violentas y el fraude de ley, prohibido en los artículos 6 y 7 del Código Civil».
Para la ministra, la Ley 4/2023 debía ser una excelente hoja de ruta que implicara a todas las administraciones y actores en el desarrollo de políticas públicas “para eliminar la discriminación, el acoso y las actitudes de odio» que aún padecen las personas LGTBI+ y potenciar su visibilidad y participación social.
Finalmente, recordó que la protección a las mujeres víctimas de violencia de género era una prioridad para el Ministerio. La Ley para la Igualdad efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en su artículo 46.3, establece que la rectificación de la mención registral respecto al sexo, y en su caso el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico aplicable a la persona según la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esto implica que, aunque el agresor cambie el sexo en el registro civil, no podrá evadir su responsabilidad por delitos de violencia de género previamente cometidos.
