El Ministerio de Sanidad propone modificar el Real Decreto sobre cirugía estética para abordar la creciente preocupación por el intrusismo en este campo. Esta medida surge tras la suspensión cautelar de una Orden Ministerial que limitaba los profesionales autorizados para realizar tales intervenciones. El objetivo es garantizar la seguridad jurídica de la norma y asegurar que la cirugía estética sea practicada únicamente por médicos con la especialidad correspondiente.
Suspensión de la orden ministerial
Los magistrados de la Audiencia Nacional que dictaron la suspensión cautelar de la orden no entraron en el fondo del asunto, pero pusieron en duda que el tipo de fórmula utilizada, la redacción de una orden ministerial para modificar un anexo del Real Decreto, fuera la adecuada, ya que iba más allá de la intención original del mismo. Por eso, mientras el proceso contencioso-administrativo seguía su curso, el Ministerio de Sanidad optó por iniciar una consulta pública previa para modificar el articulado del propio Real Decreto 1277/2003.
Objetivo de la modificación
La modificación perseguía reforzar la seguridad del paciente en la práctica de la cirugía estética, garantizando que las intervenciones fueran realizadas por médicos con la titulación y competencias adecuadas.
Aumento de intervenciones quirúrgicas
La necesidad de la modificación surgió del aumento de las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos y del incremento en la apertura de centros sanitarios que ofrecían este tipo de servicios. Se buscaba evitar el intrusismo profesional y garantizar la seguridad del paciente, asegurando que la cirugía estética fuera practicada por médicos que hubieran obtenido la titulación oficial de una especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluyera competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial.
Consulta pública previa
La consulta pública previa estaba destinada a recabar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta de modificación del Real Decreto. Se buscaba asegurar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa y mejorar la transparencia en la toma de decisiones.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que quisieran enviar propuestas podían hacerlo hasta el 13 de diciembre de 2024, a través del correo electrónico indicado.
