Madrid – Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha implementado una nueva investigación a través de la Dirección General de Consumo sobre los conocidos como pisos turísticos. Esta investigación se centra en empresas que gestionan cientos de viviendas turísticas en diferentes Comunidades Autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Definición de prácticas engañosas
Por prácticas engañosas, la Ley de Competencia Desleal las define en su Artículo 5 como cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Esta misma ley establece en su Artículo 27 algunos supuestos que se considerarían engañosos, como afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse fraudulentamente como un consumidor o usuario.
Investigación sobre alojamientos turísticos
De esta forma, desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy se vuelve a centrar en posibles irregularidades dentro del negocio de los alojamientos turísticos, tras la investigación que Consumo abrió en junio sobre anuncios de plataformas de alojamiento que no disponen de licencia turística, siendo esa una práctica que también constituiría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La nueva investigación abierta por Consumo se enfoca en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la ley mencionada, por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.
Otras investigaciones en el sector inmobiliario
Además de estas investigaciones, se inició en octubre una indagación a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a las personas usuarias a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o aceptar cláusulas irregulares basadas en la normativa.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de abordar la crisis de la vivienda en España, que, según ha declarado en varias ocasiones, es uno de los problemas principales del país. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado el ministro, al tiempo que ha solicitado frenar la especulación en el sector de la vivienda y ha instado a todas las administraciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias para enfrentar este problema.
