El próximo 17 de febrero de 2025 marcará el primer aniversario de la entrada en vigor de una reforma significativa en la Constitución Española. Este cambio legal no solo amplió los derechos de las personas con discapacidad, sino que también eliminó el término «disminuido», anteriormente utilizado para referirse a este colectivo. Para conmemorar esta fecha, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, llevó a cabo un evento titulado “Discapacidad con Derechos, desplegar el Artículo 49” en Madrid, en el CEADAC, el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral.
Acto con Participación de Expertos y Activistas
El evento incluyó una mesa redonda moderada por Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad. En este foro, participaron reconocidos panelistas como Elena Congost, deportista paralímpica; Fefa Álvarez, experta en accesibilidad universitaria del Consejo Nacional de la Discapacidad; Vicky Bendito, activista y periodista; y María Luz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.
En su intervención, Bustinduy destacó el valor del esfuerzo realizado por las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, afirmando que su dedicación fue fundamental para la aprobación de esta reforma, la cual calificó como «la primera con carácter social en la historia de la Constitución». Subrayó que la modificación del artículo 49 del texto constitucional alcanzó un amplio consenso político, obteniendo 312 votos a favor en el Congreso y solo 32 en contra, en su mayoría de VOX, un apoyo que también se repitió en el Senado.
Impacto de la Reforma en la Ley de Discapacidad
El ministro argumentó que esta reforma ha marcado una lección sobre la importancia del consenso en política, apuntando que el verdadero avance a menudo requiere debate y confrontación constructiva. «Es esencial que exista espacio para la discusión pública si buscamos un futuro compartido», sostuvo Bustinduy, diferenciando entre el ruido mediático y el debate productivo que puede llevar a cambios significativos.
Además, añadió que la reciente aprobación de un anteproyecto en el Consejo de Ministros, que modifica la Ley de Discapacidad y la Ley de Dependencia, es un claro ejemplo de los efectos positivos que ya está generando la reforma. Entre las innovaciones, se establece que las personas con discapacidad no podrán ser discriminadas en la contratación de seguros de salud o vida, garantizando el derecho universal a la accesibilidad. De igual manera, se propondrá la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar mejoras estructurales necesarias.
El anteproyecto también contempla reformas en la Ley de Propiedad Horizontal, obligando a las administraciones públicas a ofrecer ayudas económicas para obras de accesibilidad en edificios residenciales. También se reducirá la carga financiera que deben asumir las comunidades de vecinos para llevar a cabo estas adaptaciones.
«Estamos en un momento clave para dar pleno sentido a esta reforma constitucional, que representa un hito histórico», afirmó Bustinduy. En este sentido, se destacó la adaptación de la Ley de Discapacidad a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica un compromiso por parte de las autoridades para asegurar la plena autonomía de este colectivo.
En su intervención, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, recordó que la reforma del artículo 49 supuso una rectificación a un «error que había perdurado demasiado tiempo», resaltando que ahora la Constitución se encuentra más alineada con los principios de justicia e igualdad.
