El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dado un paso importante en la retribución a los abogados y procuradores que forman parte del turno de oficio. En un acto celebrado hoy, el ministro firmó una orden ministerial que establece un incremento del 8% en los baremos utilizados para pagar a estos profesionales. Esta medida, que será retroactiva desde el 1 de enero de 2025, afecta a varias regiones, incluidas Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La decisión busca no solo actualizar las remuneraciones de los letrados que brindan su asistencia a quienes no pueden afrontar los costos legales, sino también mejorar el servicio público de justicia para las personas con menos recursos económicos. Asimismo, el ministerio se ha mostrado comprometido a seguir implementando medidas que faciliten un servicio más eficaz, contando para ello con la colaboración constante del Consejo General de la Abogacía Española.

Nueva ley de asistencia jurídica gratuita

El ministerio también avanza en la revisión de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita. Este texto de reforma, que el pasado julio pasó el período de consulta pública, modernizará la normativa vigente. Los cambios contemplados incluyen la actualización de la definición de insuficiencia de recursos para acceder a este servicio. Además, se reconocerá a colectivos específicos, como las víctimas de violencia de género y violencia sexual, como beneficiarios del derecho a asistencia jurídica gratuita, sin considerar su situación económica.

La propuesta también pretende facilitar la gestión mediante la incorporación de medidas que permitan el acceso electrónico a las administraciones públicas y a la administración de justicia, alineándose con el impulso a la digitalización de estos servicios. Esta reforma se enmarca dentro de un proyecto más amplio de transformación de la justicia en España, que busca modernizar su estructura, ampliar las plazas para jueces y fiscales, así como aumentar y asegurar las becas para acceder a los distintos cuerpos del Poder Judicial.