El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un informe que revela la alarmante discrepancia entre el número de anuncios de viviendas turísticas en la ciudad y las licencias que ha otorgado el consistorio. Según el documento, se han identificado un total de 16.335 anuncios de alojamientos turísticos, mientras que solo 1.131 licencias han sido concedidas a través del Plan RESIDE, presentado a finales de 2024. Estas cifras sugieren que hay más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales en Madrid, un problema que ha llevado al Ministerio a solicitar acciones inmediatas.

Acciones solicitadas a la alcaldía de Madrid

Desde la entrega del archivo, el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy ha instado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a proceder con la eliminación de los anuncios de estas viviendas, que están operando sin la debida autorización. El comunicado también incluye direcciones específicas de algunos de estos alojamientos ilegales, facilitando así que el Ayuntamiento pueda tomar medidas sancionadoras.

Detallando los hallazgos, el Ministerio ha mencionado que se han encontrado al menos 14 anuncios de propiedades sin licencia en la calle Mayor y 11 en la calle Preciados. “Es fundamental que se tomen acciones contundentes para garantizar que se cumplan las normativas y se respete el derecho a una vivienda digna”, afirmaron desde el Ministerio.

Iniciativas en otras ciudades y compromiso de acción

Las preocupaciones del Ministerio de Consumo no son nuevas. Bustinduy ha expresado en múltiples ocasiones que la proliferación descontrolada de estos alojamientos está afectando el acceso a la vivienda de la ciudadanía. La Unidad de Análisis de Consumo ha trabajado durante meses recopilando información sobre la publicidad de pisos turísticos, logrando evidencias significativas en lugares como Islas Baleares y Andalucía.

El objetivo es cerrar la brecha que existe entre la oferta y la regulación. En este sentido, se ha instado a Madrid a seguir el ejemplo de Barcelona, donde se han retirado miles de anuncios de alojamientos que no cumplían con la legalidad. También se mencionó el plan del Consell de Ibiza, que ha sido eficaz en identificar y sancionar la oferta irregular de alojamientos turísticos.

El Ministerio de Consumo ha reiterado su disposición a implementar las medidas necesarias dentro de su ámbito de competencia para asegurar que se respete la legalidad y, sobre todo, el derecho constitucional a la vivienda, un aspecto fundamental para la ciudadanía.