Santiago de Compostela, 25 de abril de 2025.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió el pasado viernes con la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, para tratar la creciente problemática de los anuncios ilegales de viviendas turísticas en la región y explorar vías de colaboración para combatir este fenómeno. Durante el encuentro, el ministro proporcionó a la alcaldesa un archivo digital con datos clave de la Unidad de Análisis de Consumo sobre el asunto.
Anuncios ilegales de viviendas turísticas en Galicia
En una única plataforma de alquiler en línea, se han identificado 406 anuncios de viviendas turísticas en Santiago de Compostela. Este dato es alarmante dado que en la ciudad solo han sido otorgadas 66 licencias para operar en este sector. Bustinduy también ofreció información sobre 221 propiedades que están promocionadas ilegalmente, lo cual permitirá al consistorio iniciar procesos adecuados para su clausura y, potencialmente, sancionar a los infractores.
Colaboración entre administraciones
El ministro destacó la importancia de los “pasos firmes” que está dando el Ayuntamiento para controlar la oferta ilegal de alojamientos turísticos y expresó su disposición a colaborar con el consistorio, no solo mediante la entrega de datos digitales, sino también brindando apoyo jurídico en las acciones que tomen para erradicar la actividad ilícita. Bustinduy hizo un llamado a la Xunta de Galicia para que no ponga “escollos” en el intento de los municipios por regular estos establecimientos.
Además, Bustinduy anunció que en los próximos días se compartirá un archivo digital con la Xunta que recopila información sobre la situación en toda Galicia. Según los análisis, se han detectado un total de 14,960 anuncios de alojamientos turísticos en la comunidad, de los cuales 9,125 son considerados ilegales por carecer de número de licencia. El ministro instó al gobierno gallego a colaborar más estrechamente con Consumo y las administraciones locales en la lucha contra la publicidad ilegal.
El ministro también solicitó que no se impongan “trabas burocráticas” a los ayuntamientos para declarar “zonas tensionadas”, lo que les permitiría establecer límites a los aumentos excesivos en los alquileres, tal como establece la Ley de Vivienda. En este sentido, un informe reciente señalaba que desde 2014, los precios de alquiler en Galicia han aumentado un 70%, y que la comunidad tiene el mayor porcentaje de viviendas vacías en España, con un 28%, según el INE. La situación se agrava si se considera que solo el 16% de los jóvenes en Galicia pueden emanciparse debido a los altos precios del alquiler, de acuerdo con un informe del Consejo de la Juventud de España.
Este encuentro en Galicia forma parte de una serie de iniciativas del ministro Bustinduy, que ya ha llevado a cabo acciones similares en otras comunidades como Islas Baleares, Andalucía y Madrid, con el objetivo de colaborar con diferentes administraciones en la lucha contra los problemas generados por los pisos turísticos ilegales.
