El Parlamento Europeo aprobó el presupuesto para 2021 de la mayoría de las instituciones de la UE, a excepción del Consejo Europeo. La Comisión Europea es la responsable de la mayor parte del gasto de la UE, y su gestión fue respaldada por el Parlamento Europeo. En 2021, el presupuesto de la UE aumentó alrededor del 30% en comparación con el año anterior, principalmente debido al dinero gastado en el programa Next Generation EU para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19.
La resolución que acompaña a la decisión de aprobación de la gestión de la Comisión expresa preocupación por las limitadas opciones que tiene la UE para comprobar cómo se utiliza el dinero del mecanismo de recuperación. Dado que se creó bajo presión temporal, los requisitos de control son menos estrictos que para otros programas de la UE y dependen más de las autoridades nacionales. El texto advierte sobre el riesgo de uso indebido, fraude y delincuencia organizada e insta a la Comisión a reforzar la vigilancia de los sistemas de control interno de los Estados miembros para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Los eurodiputados piden una nueva regulación de acceso de las ONG a las instituciones de la UE para garantizar que los fondos de la UE solo financien organizaciones que respeten estrictamente los valores de la UE. Para ello, proponen establecer una lista negra pública de organizaciones no gubernamentales que participan en actividades como la incitación al odio, la incitación al terrorismo y el extremismo religioso o el mal uso de los fondos de la UE, para evitar que accedan a las instituciones de la UE. También piden a la Comisión que proponga un nuevo reglamento sobre las ONG que establezca las condiciones para recibir fondos de la UE y las obligaciones de informar sobre las fuentes de financiación, así como las actividades realizadas en nombre de agentes extranjeros.
La Comisión debe asegurarse de que la financiación del mecanismo de recuperación cumple sus objetivos, señalan los eurodiputados, preocupados por los «primeros indicios» de que en algunos países de la UE los fondos pueden haber reemplazado el gasto nacional regular, en lugar de dedicarse a las reformas e inversiones establecidas en los planes nacionales.
Los eurodiputados insisten en que los países que no respeten el Estado de Derecho deben ser privados de fondos de la UE. Valoran la aplicación del mecanismo de condicionalidad a Hungría, que vio congelados el 55% de sus programas de cohesión, pero consideran que la situación justificaba la retención del 100% de esos fondos. La Comisión debe supervisar continuamente la situación del Estado de Derecho en Hungría y Polonia y mantener los fondos congelados «mientras las violaciones del Estado de Derecho amenacen la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión».
El Parlamento aprobó la gestión de todas las instituciones de la UE, el Fondo Europeo de Desarrollo, todas las agencias de la UE, y nueve iniciativas comunes. Como ha sucedido en cada ejercicio financiero desde 2009, el Parlamento pidió que se aplazara la decisión de aprobación de la gestión del Consejo Europeo, pidiéndole que reanudara las negociaciones de aprobación de la gestión y encontrara una solución que respete el papel del Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión. El Parlamento volverá a evaluar el caso del Consejo en un plazo de seis meses.
