Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se reunió con la Plataforma del Tercer Sector (PTS), para potenciar las vías de colaboración con las entidades de acción social que estaban trabajando en las crisis que supuso la DANA, especialmente en la provincia de Valencia.

Iniciativas necesarias para ayudar a las víctimas

La PTS integra a más de 28.000 entidades de acción social en toda España y estuvo representada en esta reunión por su presidente, Luciano Poyato, así como por su presidente en Valencia. En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, también estuvieron presentes representantes de organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, ONCE, CERMI, EAPN y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, y de otras plataformas como la del Voluntariado España y la de Organizaciones de Infancia.

Compromiso del ministerio con la sociedad civil

“Es necesario poner en marcha una red de protección social que permita dar respuesta a los efectos de esta crisis”, manifestó Bustinduy, al tiempo que reafirmaba el compromiso del ministerio que dirige en reforzar las acciones que se estaban llevando a cabo sobre el terreno desde el primer día. “La labor de la sociedad civil organizada ante la catástrofe que ha traído la DANA ha sido y está siendo encomiable”, destacó para señalar la importancia de contar en España con “un tejido asociativo fuerte, organizado y activo”, algo que, según expresó, era vital para poder llevar a cabo una política social ambiciosa.

Medidas implementadas para mitigar el impacto de la DANA

Bajo esta premisa, Bustinduy resaltó que lo prioritario era ofrecer una respuesta a las personas afectadas que fuera “social, flexible, ágil y universal”. Por ello, tanto el ministro como las entidades del Tercer Sector coincidieron en la necesidad de reducir la burocracia a la hora de recibir ayudas para las víctimas. Por otro lado, Bustinduy puso en valor algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros:

• Incremento extraordinario en la prestación de ingreso mínimo vital: Un incremento del 15% al importe mensual establecido para cada beneficiario individual o unidad de convivencia en noviembre, diciembre y enero de 2025 (3 meses).
• Ventajas para los hipotecados en zonas catastróficas:
  1. Durante un período de tres meses, no tendrán que pagar cuotas ni intereses.
  2. Durante los primeros tres meses de la moratoria, no se generarán intereses por impago, lo que significa que no se incrementará su deuda.
• Medidas de apoyo por daños personales y vivienda.
• Se incrementan muy sustancialmente (4 veces más) las cuantías previstas en la normativa vigente (RD 307/2005):
  • 72.000 € por fallecimiento e incapacidad (18.000 €) y se flexibiliza el acceso eliminando el requisito de dependencia económica.
  • 60.480 € por destrucción total de la vivienda habitual (15.120 €).
  • 41.280 € por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual (10.320 €).
  • 20.640 € por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual (5.160 €).
  • 10.320 € por destrucción/daños a enseres.
  • 36.896 € por daños en elementos comunes de la Comunidad de Propietarios (9.224 €)

Agradecimiento a la colaboración de las entidades sociales

Por último, Pablo Bustinduy trasladó a todas las entidades de acción social su agradecimiento por el trabajo que realizaron y su disponibilidad para que hubiera una colaboración estrecha entre las administraciones públicas y la sociedad civil, de la mano de la participación ciudadana, algo que considera “un activo esencial” y que ahonda en su idea de fortalecer el Estado Social “para ofrecer un horizonte democrático que no deje a nadie atrás”, afirmó.