La ruta migratoria a través de Canarias es una de las más peligrosas para llegar a la Unión Europea, pero es una de las más utilizadas ante la falta de alternativas. En el último año, se registró un notable aumento en las llegadas de personas menores de edad.
Las niñas, niños y adolescentes no acompañados son objeto de una especial protección debido a su condición de personas menores de edad en situación de desamparo. En este contexto excepcional, la concesión directa de 50 millones se volvió necesaria para garantizar su adecuada atención en centros residenciales gestionados por Canarias, facilitando reformas que propicien unas condiciones que garanticen los derechos de la infancia y la adolescencia.
Atención psicosocial, inserción y alojamiento
Estos recursos también estaban destinados a la atención psicosocial o jurídica que pudieran precisar los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como a facilitar su inserción sociolaboral y acceso a la vivienda una vez salieran del sistema de protección.
Los recursos orientados a Canarias estaban destinados a diversos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025. La comunidad autónoma es el organismo competente en materia de gestión de los sistemas de protección de la infancia y, por lo tanto, asumía la tutela de las personas menores de edad no acompañadas.
