El presidente ha informado a los agentes sociales, en una reunión celebrada en el Complejo de la Moncloa, que el Ejecutivo está trabajando en nuevas medidas para reforzar la ayuda a los afectados por la DANA e impulsar la reactivación de la actividad económica y la reconstrucción del territorio. En el encuentro, han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. También asistieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Además, intervinieron el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; la secretaria general de CCOO del País Valencià, Ana García; y el secretario general de UGT-País Valencià, Ismael Saez.
Durante la reunión, Pedro Sánchez expresó su agradecimiento a los agentes sociales por su colaboración desde el primer momento para avanzar en la recuperación de Valencia y las zonas afectadas. También subrayó la disposición para analizar las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha y la necesidad de implementar nuevas iniciativas. Refirió que el Gobierno continuaría escuchando las propuestas de los agentes sociales para, a través de la colaboración público-privada, seguir mejorando la respuesta a los efectos de la DANA y lograr la recuperación y relanzamiento de las zonas afectadas lo antes posible.
Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento: 14.373 millones ya activados
El presidente del Gobierno adelantó que el Ejecutivo avanzaba en el diseño de nuevas medidas que se sumarían a los dos primeros paquetes del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento ya aprobados. En este sentido, indicó que el Gobierno se había volcado desde el primer momento para proporcionar, tanto a la comunidad autónoma como a ciudadanos y empresas, toda la ayuda necesaria y el tiempo que fuera preciso.
El Estado ya había activado 14.373 millones de euros, destinados a responder a la emergencia, en tres fases: emergencia, recuperación y relanzamiento de Valencia. El primer paquete fue aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de noviembre, dotado con 10.609 millones de euros en ayudas urgentes para hogares, empresas, autónomos e instituciones locales afectados por la DANA. El segundo paquete se aprobó el 11 de noviembre, con un importe de 3.765 millones de euros, para reforzar el escudo social y reactivar el tejido productivo con 110 medidas adicionales.
El Ejecutivo estaba reduciendo plazos y trámites para que todas las ayudas llegaran lo antes posible a los beneficiarios. Con todas estas medidas y el escudo social aprobado en tiempo récord, se ayudaría a 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas y 65.000 autónomos a reactivar su actividad, y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas. En esos momentos, los esfuerzos se centraban en la recuperación de las infraestructuras de agua y la retirada de las millones de toneladas de barro acumuladas.
Ayudas a hogares, trabajadores y autónomos, ERTE y exenciones fiscales
Entre otras acciones, el Gobierno había cuadruplicado las ayudas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y viviendas, y lanzó ayudas directas a pymes y autónomos de las zonas afectadas, por valor de 838 millones de euros. También se aprobaron aplazamientos y exenciones fiscales en IRPF, IBI, IAE o IVA, así como una moratoria en préstamos e hipotecas. En las primeras 24 horas, empresas y autónomos presentaron ante la Agencia Tributaria casi 11.000 solicitudes.
De igual forma, el Consorcio de Compensación de Seguros reforzó el equipo de peritos y estaba anticipando las indemnizaciones desde la primera semana del suceso, habiendo recibido ya más de 200.000 solicitudes de indemnización, más de la mitad para vehículos. A esto se sumó la Línea de Avales ICO DANA, dotada con 5.000 millones de euros, con un primer tramo de 1.000 millones de euros activado y operativo para que ciudadanos y empresas afectados pudieran acceder a financiación en buenas condiciones, con la participación de entidades como Caixabank, Sabadell, Santander, BBVA y Caixa Popular.
Para proteger a trabajadores y empresas afectadas, se activaron los ERTE de fuerza mayor que, hasta ese momento, protegían a 22.233 trabajadores, con 2.018 empresas solicitantes. Junto a ello, se aprobó una prestación extraordinaria para autónomos; la prohibición de cortes de suministros básicos y aplazamientos de facturas; ayudas directas de 200 millones; una línea ICO-MAPA-SAECA de 60 millones para el sector agrario y ganadero; el aumento del 15% del ingreso mínimo vital y pensiones no contributivas; la ampliación del Complemento de Ayuda para la Infancia; ayudas a las corporaciones locales; o un Plan de Acción de 500 millones contra el lodo, entre otras medidas.
