La Dirección General de Consumo, que forma parte del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador a una plataforma tras advertir a la empresa sobre la necesidad de retirar de forma inminente miles de anuncios que contenían publicidad ilícita sobre pisos turísticos, los cuales habían sido mantenidos por esta.
Requerimiento de información a plataformas de alquiler
La Dirección General de Consumo envió un requerimiento de información en junio a plataformas de alquiler de alojamientos turísticos para obtener detalles sobre las viviendas que eran anunciadas en este ámbito. Estos anuncios podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales de acuerdo al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Inicio del expediente sancionador
La Dirección General de Consumo ha comenzado un expediente sancionador a esta plataforma de alquiler de pisos turísticos tras verificar que no se habían retirado los anuncios. Según el marco legal, las prácticas mencionadas pueden clasificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000€ e incluso mayores, alcanzando hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido. Además, desde la Dirección General de Consumo enfatizan que la apertura de este expediente no anticipa el resultado final del mismo.
Prácticas desleales y riesgos para los consumidores
Es importante señalar que los anuncios de pisos turísticos identificados en la investigación se estaban comercializando en diversas comunidades autónomas, lo que podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada. También estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales al no cumplir con la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como al no publicitar el número de licencia cuando es obligatorio.
Investigaciones adicionales en el sector de la vivienda
Desde el ministerio de Pablo Bustinduy se vuelve a poner atención en posibles irregularidades en el sector de la vivienda, especialmente en el ámbito de los alojamientos turísticos. Recientemente, se anunció una investigación por parte de la Dirección General de Consumo a las grandes gestoras de pisos turísticos debido a posibles prácticas engañosas, dirigida a empresas que administran cientos de viviendas en diferentes comunidades autónomas.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo tiene en marcha otra investigación contra varias agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos, tales como obligarles a pagar comisiones por la gestión del arrendamiento, forzar la firma de contratos temporales sin justificación, o incluir cláusulas abusivas para los consumidores.
Compromiso del ministerio con la crisis de la vivienda
Todas estas iniciativas se inscriben en el objetivo del ministerio de contribuir a solucionar la crisis de la vivienda en España, un problema que, según Pablo Bustinduy, es uno de los principales desafíos del país. El ministro ha declarado que “hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, y ha subrayado que “ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”.
