Mónica García, ministra de Sanidad, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han reunido con los gobiernos autonómicos en una conferencia multisectorial donde se aprobó, por primera vez, un acuerdo a nivel estatal destinado a mejorar la atención temprana. Este acuerdo establece un marco de calidad común para garantizar que los niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a recibir una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita, con acceso rápido y equitativo.

El acuerdo especifica que el plazo para intervenir en atención temprana no debería superar los 45 días desde que se detecta un caso con riesgo evolutivo. Este plazo corresponde a la Garantía Infantil Europea, una recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada unánimemente en 2021.

Objetivos del acuerdo

Reducir los tiempos de espera en atención temprana es uno de los objetivos principales del acuerdo, dado que la franja de 0 a 6 años representa una etapa significativa para establecer las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Este período, según la evidencia científica, es clave para asegurar un desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones de discapacidad o dependencia, así como para mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social y el desarrollo de las capacidades y autonomía de los niños y niñas.

Desde los Ministerios de Derechos Sociales y Sanidad se subrayan las graves consecuencias que podrían enfrentar los niños y niñas que necesiten atención temprana si no se dispone de un sistema público de calidad. Entre estas consecuencias se mencionan el compromiso de las capacidades cognitivas y sociales, el desarrollo de problemas de salud y nutrición, dificultades educativas, y la limitación de oportunidades para una inclusión plena en la comunidad.

Líneas de acción y compromisos

El documento fue elaborado en el marco del Grupo Técnico de Atención Temprana, contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, así como con la participación de agentes de la sociedad civil especializados en infancia y discapacidad. Las medidas acordadas se estructuran en nueve líneas de acción, las cuales abarcan desde la planificación y financiación de la atención temprana hasta la optimización de sistemas de información y registro.

En términos de financiamiento, el acuerdo incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros que se distribuirán entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus. Además, el plazo para la implementación de estas medidas se ha fijado para 2030, coincidiendo con el final del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030).