El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una serie de expedientes sancionadores en contra de empresas que gestionan viviendas turísticas en diversas comunidades autónomas. Estas acciones se toman tras evidenciar prácticas potencialmente engañosas y otras infracciones relacionadas con la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La investigación, que arrancó en diciembre de 2024, buscó obtener información de diferentes empresas dedicadas al alquiler de alojamientos turísticos en todo el país. Los datos recopilados por la Dirección General de Consumo indican que un número significativo de estas empresas estaría generando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de manera generalizada”.
Prácticas engañosas en la gestión de alojamientos
Los expedientes sancionadores se fundamentan en la detección de que algunas de las grandes gestoras, las cuales administran cientos de propiedades turísticas, han estado ofreciendo “información falsa o que, a pesar de ser veraz, puede inducir a error a los destinatarios”. Este tipo de conductas se enmarcaría dentro de las prácticas engañosas definidas en el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Un ejemplo claro sería la publicidad que sugiere que un alojamiento es gestionado por una persona particular, cuando en realidad se trata de una empresa.
Según el Artículo 27 de la misma ley, este tipo de declaraciones fraudulentas o la creación de la falsa impresión de que una empresa actúa fuera de su ámbito empresarial son consideradas infracciones graves. Las sanciones podrían ascender a multas de hasta 100.000 euros e incluso multiplicarse entre cuatro y seis veces en función del beneficio ilícito obtenido por la empresa en cuestión. Es importante resaltar que la apertura de estos expedientes no implica un juicio previo sobre su resultado final.
Apertura de nuevos expedientes en el sector
La reciente serie de sanciones se une a un expediente anteriormente iniciado hace dos meses contra una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas. Esta acción se originó debido a la publicidad ilícita de miles de anuncios, que infringen la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Tras solicitar de manera urgente la retirada de dichos anuncios y encontrar negativa por parte de la plataforma, se procedió a iniciar el correspondiente expediente.
Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores y combatir prácticas que obstaculizan el acceso a la vivienda en España. En esta línea, la Dirección General de Consumo también ha comenzado investigaciones sobre agencias inmobiliarias acusadas de ejercer prácticas abusivas, tales como la exigencia de comisiones ilegítimas, contratos temporales sin base y cláusulas que contradicen la normativa vigente.
