Madrid, 27 de marzo de 2025. – El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una importante agencia inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas en la gestión de arrendamientos. Esta acción se deriva de una investigación iniciada en octubre de 2024, que busca identificar posibles irregularidades en diversas agencias de todo el país.
La Dirección General de Consumo ha recibido denuncias de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU, que reportan acciones ilegales tales como la imposición del pago de comisiones por la gestión de alquileres y la contratación obligatoria de seguros o servicios no solicitados por los inquilinos. Según la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que protege el derecho a la vivienda, no se permite trasladar a los inquilinos los gastos relacionados con la gestión inmobiliaria o la formalización de contratos.
Infracciones y posibles sanciones
Las prácticas denunciadas pueden clasificarse como infracciones graves o muy graves bajo la Ley de Defensa de los Consumidores. Las sanciones por infracciones graves podrían alcanzar hasta 100.000 euros, mientras que las infracciones muy graves podrían llegar hasta un millón de euros. Además, las penalizaciones podrían multiplicarse entre cuatro y ocho veces los beneficios ilícitos obtenidos por la agencia.
Este expediente se suma a una acción más amplia del ministerio, que también investiga a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por la difusión de anuncios considerados publicidad ilícita, lo que infringe la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo había solicitado previamente la retirada inmediata de estos anuncios, actuando en respuesta a su negativa.
Acciones contra prácticas engañosas
En febrero, el ministerio también inició sanciones contra empresas que gestionan viviendas turísticas, detectando que ofrecían información engañosa que podría inducir a error a los consumidores. Esto incluye situaciones en las que se presenta un alojamiento como gestionado por particulares, cuando en realidad pertenece a una empresa.
El departamento dirigido por Pablo Bustinduy reafirma que la vivienda es un derecho fundamental y que trabaja constantemente para proteger a los consumidores. Se han llevado a cabo iniciativas informativas para alertar a los operadores sobre conductas abusivas en contratos de alquiler, reforzando la normativa que regula la actuación en el sector.
Finalmente, la Dirección General de Consumo ha subrayado que la apertura de este expediente sancionador no implica una decisión definitiva sobre los hechos investigados, enfatizando la necesidad de un proceso transparente y justo.
