La vicepresidenta del Principado defiende en la Junta General los cambios en la norma basados en el rigor y el diálogo con los agentes implicados para adaptarse a los tiempos actuales.
Intervención de la vicepesidenta del Principado, Gimena Llamedo en la Junta General del Principado
Comparecencia reforma de la Ley de Turismo
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defendió en la Junta General que la reforma de la Ley de Turismo «era un paso valiente y necesario para que Asturias siguiera siendo un destino de calidad, competitivo y sostenible». En su comparecencia en el parlamento asturiano, insistió en que los cambios en la norma eran necesarios para adaptarse a los tiempos actuales y recordó que estaban basados en el rigor y el diálogo con los agentes implicados.
«Este proyecto no solo mejoraría la regulación de las viviendas turísticas, sino que también contribuiría a una mejor convivencia y a la protección de nuestro patrimonio«, subrayó la vicepresidenta.
El destino Asturias se identifica desde hace 40 años como un Paraíso Natural, y la apuesta por la calidad y la sostenibilidad es la esencia del turismo en la comunidad autónoma desde sus inicios. Entonces, se mantenía este Paraíso con la costa mejor preservada de España y con siete reservas de la biosfera. En su momento, se anticipó a las tendencias y continuó en esa línea.
Por ello, se trajo a esta cámara un proyecto de ley para modificar la legislación de Turismo, una reforma necesaria y demandada que buscaba mejorar el control de las viviendas de uso turístico (VUT) y garantizar un desarrollo sostenible y ordenado del sector, preservando lo que se era, lejos de la masificación.
La vicepresidenta expresó su agradecimiento a todas las personas que participaron en esta modificación normativa, desde cargos y técnicos del Principado hasta el Consejo Asesor de Turismo, pasando por los comparecientes que expusieron su visión durante esos días.
El turismo es un pilar fundamental de la economía, generando empleo y riqueza, y debía ser gestionado con responsabilidad para preservar la calidad de vida de los ciudadanos y la integridad del entorno. La reforma pretendía consolidar la calidad en un sector en crecimiento y mejorar la convivencia entre visitantes y vecinos.
Esta cuarta reforma de la Ley de Turismo tenía tres objetivos fundamentales:
- Establecer como principios de la acción turística la sostenibilidad, la autenticidad, la identidad regional y la calidad de los recursos y servicios.
- Incorporar con rango de ley las viviendas de uso turístico como una modalidad de alojamiento reconocida y regulada.
- Regular la inspección y el régimen sancionador, poniendo un énfasis especial en la lucha contra la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional.
La reforma incorporaba cambios esenciales para adaptarse a un contexto que se había definido en base a unas premisas fundamentales: el rigor, el diálogo con los agentes implicados y el análisis de iniciativas de otras comunidades autónomas.
Entre esos cambios, se destacó la obligación de alquilar las viviendas turísticas en su totalidad, evitando el arrendamiento por habitaciones, y el cumplimiento de requisitos de accesibilidad y sostenibilidad, al igual que se exigían a otro tipo de alojamientos.
No se podían ignorar los graves problemas de masificación, de convivencia entre vecinos y visitantes, y de acceso a la vivienda que se estaban produciendo en otras regiones de España. Asturias quería anticiparse.
La reforma conllevaba una aceptación expresa de las comunidades de vecinos para que pudieran operar estos negocios, fortaleciendo el control local y garantizando que los intereses de los residentes fueran escuchados y respetados. También se mencionaba que ningún piso sometido a régimen de protección pública o oficial podía ser utilizado como vivienda turística.
El crecimiento de la oferta de este tipo de alojamientos había sido exponencial en los últimos años, al mismo tiempo que se superaban récords de visitantes. Se pasó de registrar una media anual de 250 pisos turísticos entre 2010 y 2019 a más de 600 en el periodo 2020-2024. Este incremento dificultó el control y propició la proliferación de negocios ilegales, los que se pretendía vetar. Por eso, se intensificaron los esfuerzos de inspección, que habían resultado en 113 inspecciones a VUTs y 53 propuestas de sanción en menos de seis meses.
Se regularizaba una actividad económica muy singular que se desarrolla en suelo residencial, donde se ejercía una actividad comercial en viviendas reguladas con uso residencial.
Esta tendencia mostraba la necesidad de un marco legal más robusto y eficaz, que diera respuesta a una realidad nueva, complementándose con un servicio específico y más medios personales para combatir el intrusismo y la clandestinidad, así como con una herramienta digital para detectar negocios ilegales.
La reforma mantenía el mero apercibimiento en caso de infracciones leves y actualizaba las sanciones económicas por incumplimientos de la normativa, que aumentarían más del doble en todos los tramos, con multas desde 150 hasta 100,000 euros. Las sanciones más severas podrían conllevar la clausura de los establecimientos, enviando un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento de la ley.
El concepto de zona turística saturada que recoge la normativa vigente pasaba a denominarse zona turística protegida. Ya se podían establecer tipos de zonas para proteger y preservar el patrimonio donde se superaran los niveles máximos de oferta y demanda. La declaración de estas zonas seguía siendo competencia del Consejo de Gobierno, y debía ir acompañada de medidas correctoras específicas, diseñadas en colaboración con las entidades locales.
La reforma introducía mejoras importantes en la gestión y transparencia del sector. Todos los pisos turísticos debían contar con un seguro profesional de responsabilidad civil y cualquier acción de comercialización, tanto física como digital, debía incluir el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado.
Además, la declaración responsable de cumplimiento de requisitos solo podría tramitarse por vía electrónica, mejorando el control y seguimiento, como parte del esfuerzo de la administración por simplificar sus procedimientos.
Los que ya estaban registrados tendrían seis meses para adaptarse a todos estos cambios, una vez entrara en vigor la ley.
La regulación de la comprobación administrativa contenía que toda inexactitud, falsedad u omisión esencial en la declaración responsable conllevaría la cancelación del registro y la imposibilidad de ejercer la actividad en un periodo de seis meses a cuatro años. Este era un cambio importante para hacer frente a la picaresca existente.
La reforma no solo respondía a las demandas del empresariado y los agentes sociales, sino que también atendía las inquietudes de la ciudadanía, protegiendo el futuro del entorno. La adaptación de la Ley de Turismo se consideraba un paso valiente y necesario para asegurar que Asturias siguiera siendo un destino de calidad, competitivo y sostenible.
La colaboración y el diálogo habían sido los ingredientes esenciales de este proyecto de ley, que contaba con el apoyo unánime del Consejo Asesor de Turismo, donde estaban representados el sector, ayuntamientos, sindicatos y todos los grupos parlamentarios.
No obstante, el Gobierno escuchaba y tomaba nota de todo lo que se había dicho en la Cámara para conseguir que esta reforma saliera adelante con el mayor consenso posible.
La vicepresidenta concluyó subrayando que este proyecto no solo mejoraría la regulación de las viviendas turísticas, sino que también contribuiría a una mejor convivencia y a la protección del patrimonio. Juntos, se podía garantizar un futuro próspero y equilibrado para el sector turístico y para todos los asturianos, manteniendo la calidad en la oferta que caracteriza a Asturias.
Finalmente, lamentó que Vox hubiera bloqueado la tramitación de esta ley y otras de vital importancia, asegurando que se retomarían con fuerza en el mes de septiembre, porque no se quería perder ni un minuto en su implementación.
