El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que busca reformar en paralelo dos importantes normativas: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Este anuncio fue realizado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa el 11 de febrero de 2025. Bustinduy subrayó que la reforma tiene como objetivo implementar “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”.

La iniciativa legislativa busca aumentar los derechos de las personas afectadas por la dependencia y la discapacidad, además de ampliar la oferta de servicios disponibles. Bustinduy también resaltó que el Gobierno tiene la intención de revertir “los recortes que quedaban vigentes del último Gobierno del Partido Popular”.

Detalles de la reforma

El nuevo anteproyecto contempla la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que facilitará una atención más personalizada. Además, se suprimirá el plazo máximo de dos años que limitaba las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, lo que había restringido el acceso a estas ayudas para muchas personas.

De acuerdo con datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España cerca de 1.8 millones de personas necesitan atención del sistema de dependencia, que fue severamente recortado durante la era del PP, con una reducción de 5.406 millones de euros entre 2012 y 2018. Desde 2020, el Gobierno actual ha incrementado las asignaciones al sistema en un 150%, repartiendo más de 783 millones de euros entre los gobiernos autonómicos en 2023, una cifra que se mantuvo en 2024.

Bustinduy afirmó, “estamos reconstruyendo el sistema de la dependencia con el objetivo de apuntalarlo como un pilar del estado del bienestar”. En este contexto, también se prevé una reestructuración de los servicios para centrarse en las necesidades de las personas, alejándose del modelo asistencial tradicional y promoviendo cuidados más cercanos al hogar.

Otro aspecto destacado por el ministro es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en sus domicilios. Esto implica que las administraciones deberán garantizar este servicio sin importar limitaciones presupuestarias. La reforma también ampliará la asistencia personal, que podrá aplicarse a cualquier área de la vida y no solo a educación y trabajo.

Nueva regulación en discapacidad

En cuanto a la reforma relacionada con la discapacidad, se prevé adaptar la normativa a los nuevos derechos establecidos en el Artículo 49 de la Constitución Española, reformado a principios de 2024. La nueva ley incluirá la accesibilidad universal como un derecho exigible ante cualquier instancia, lo que permitirá reclamar mejoras en edificios y servicios públicos.

El anteproyecto también propone modificaciones a la Ley de Propiedad Horizontal, obligando a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad. Se ha reducido del 75% al 70% el porcentaje que deben cubrir para acometer dichas modificaciones.

A su vez, se introduce una prohibición a las compañías de seguros para discriminar a las personas con discapacidad en la contratación de pólizas de salud o vida. La reforma facilitará además la obtención de reconocimiento de discapacidad a quienes ya tengan asignado un grado de dependencia, agilizando así los trámites necesarios.

Finalmente, el texto aborda el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, buscando garantizar la equidad en procesos de selección automatizados y reconociendo a las personas con discapacidad como prioridad en los avances de ciencia y tecnología. Este enfoque busca, entre otros objetivos, promover el desarrollo infantil a través de servicios de atención temprana, con un énfasis especial en la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad.