En su comparecencia reciente ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó las reformas que se consideran prioritarias para su ministerio en los próximos meses. Estas iniciativas incluyen la modernización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882, y la reforma de las Carreras Judicial y Fiscal.
Bolaños subrayó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene como objetivo actualizar y homologar el proceso penal español con estándares más alineados a los de Europa, otorgando un papel central al Ministerio Fiscal en la instrucción de procesos. Según sus declaraciones, este proyecto legislativo se presentará en el Congreso durante el primer cuatrimestre del año. Por otro lado, la reforma de las Carreras Judicial y Fiscal, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado, tiene como premisa garantizar el acceso a un sistema de becas para las principales carreras en la Administración de Justicia, modificar las pruebas de acceso para reflejar la realidad laboral de jueces y fiscales y promover una mejora en sus trayectorias profesionales.
Impulso a la transformación de la justicia
El ministro destacó que su cartera está inmersa en la mayor transformación del sistema judicial en décadas, subrayando la necesidad de lograr consensos con otros grupos parlamentarios para llevar a cabo estas reformas. Así, enfatizó que esta transformación va acompañada de un apoyo económico adecuado. Desde 2018, el Gobierno ha incrementado en un 25% la inversión destinada a la Administración de Justicia, además de haber convocado 1.440 plazas para jueces y fiscales, un número muy superior a las 750 que se convocaron en el período de 2012 a 2018. Asimismo, las comunidades autónomas han recibido más de 250 millones de euros, muchos de ellos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para facilitar la adaptación al nuevo modelo judicial aprobado por las Cortes Generales.
Bolaños también hizo hincapié en los avances en la digitalización del servicio público de justicia, mencionando la implementación de actos procesales mediante medios telemáticos y la creación de la Carpeta Justicia, un portal personal para que los ciudadanos puedan consultar sus procesos y realizar trámites. Este acceso será ampliado por una aplicación destinada a personas con discapacidad, que permitirá la traducción de resoluciones judiciales a un formato más accesible.
Reformas estructurales en el sistema judicial
Además, el ministro explicó que la futura Ley de Eficiencia busca modernizar las estructuras judiciales transformando 3.800 juzgados en 431 Tribunales de Instancia, lo que facilitará un reparto más equitativo de las cargas laborales y permitirá compartir recursos humanos y materiales. Resaltó los resultados de un proyecto piloto en Badajoz que logró reducir los asuntos pendientes en un 72% en tan solo un año.
En el ámbito procesal, defendió la promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC) en el sector civil y mercantil, como parte del esfuerzo para disminuir el número de litigios. El ministerio se encuentra en la fase de implementar la nueva normativa en las regiones donde tiene competencias asignadas. Además, anticipó la celebración de una Conferencia Sectorial de Justicia en abril, enfocada en la puesta en marcha de esta nueva ley y en la participación de las comunidades con competencias transferidas.
