Las oficinas de información anti-ocupación han comenzado a operar en las nueve provincias como resultado de un convenio de colaboración que se firmó el 19 de mayo entre la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana. La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, visitó hoy la ubicada en León, específicamente en la sede de la Cámara de Propiedad Urbana de la ciudad. Su objetivo es proporcionar información especializada sobre ocupación ilegal de viviendas, brindar asesoramiento sobre prevención, acción inmediata y, en caso de ocupaciones ilegales en curso, sobre las medidas a seguir en el futuro. La información también está disponible en el portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.
La implementación de esta oficina busca cumplir con la responsabilidad que tienen los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y protegerlo contra la ocupación, que ataca su contenido esencial, según explicó Pardo. Además de proteger los derechos civiles, como las relaciones de buena vecindad, la administración autonómica también busca proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven afectados por prácticas abusivas.
Para ello, la Junta de Castilla y León ofrece, a través de la Cámara de Propiedad Urbana de León, un servicio de información y asesoramiento a personas afectadas por hechos de ocupación ilegal, atendiendo a sus necesidades y demandas. En esta oficina, que ya está en funcionamiento, los interesados encontrarán toda la información y asesoramiento sobre prevención, acción inmediata y medidas a seguir en caso de ocupaciones ilegales en curso.
Además, está prevista la posibilidad de que el personal que preste asesoramiento informe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal u otro delito público que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona solicitante del servicio. La capacitación del personal encargado de la oficina también se enfocará en esta dirección.
Durante su visita, Pardo afirmó que «se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler» porque «el problema del acceso a la vivienda por parte de personas vulnerables económicamente debe abordarse mediante el aumento de viviendas en propiedad pública o el otorgamiento de ayudas a los más necesitados».
