La Comisión Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha ratificado de forma definitiva el convenio urbanístico que desarrollará los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Después de pasar por la comisión, el Pleno de Cibeles discutirá la iniciativa en su sesión de septiembre. La aprobación final permitiría desbloquear una área que ha estado pendiente de desarrollo durante más de 20 años. En este terreno se construirán 640 viviendas, de las cuales el 34% serán protegidas. También habrá oficinas, instalaciones sanitarias, sociales y educativas, y se llevará a cabo la urbanización de más de 46,000 metros cuadrados de calles públicas, así como la creación de 23,460 metros cuadrados de áreas verdes.
El acuerdo aprobado respalda el convenio urbanístico firmado en diciembre de 2022 entre los dos propietarios de los terrenos: la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y Pryconsa. La nueva planificación urbana de estos terrenos, impulsada por el área dirigida por Borja Carabante, establece la distribución de las parcelas entre los propietarios del suelo y el Ayuntamiento de Madrid.
La superficie total afectada por este convenio es de 172,143 metros cuadrados, comprendida entre la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Como parte de los deberes legales establecidos en el acuerdo, se cede gratuitamente al Ayuntamiento el 10% de los derechos urbanísticos. De esta manera, el Ayuntamiento de la capital será el beneficiario de una parcela residencial de protección pública básica de 4,178 metros cuadrados y una edificabilidad total lucrativa de 8,200 metros cuadrados. El Ayuntamiento también será propietario del 71% de otra parcela residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.
Además, el Ayuntamiento de Madrid adquiere la propiedad de una parcela en el centro de estos terrenos, que se destinará a un centro de salud (hospital). Esta parcela tiene una superficie de 39,920 metros cuadrados. La otra parcela cedida al Ayuntamiento estará destinada a servicios sociales básicos (2,037 metros cuadrados). Finalmente, el Ayuntamiento será el beneficiario de cinco áreas verdes, con una superficie total de 23,460 metros cuadrados, así como de un total de 46,000 metros cuadrados de calles públicas.
Por su parte, la Administración General del Estado mantendrá la titularidad del terreno en el que actualmente se encuentra una Comisaría de Policía Nacional y un Centro de Internamiento de Extranjeros (14,050 metros cuadrados, con uso dotacional para servicios públicos). También se convertirá en la adjudicataria, a través de SIEPSE, de dos parcelas que se destinarán a oficinas (con una superficie total de casi 9,700 metros cuadrados) y otra con calificación de equipamiento educativo (2,560 metros cuadrados).
SIEPSE también será la adjudicataria de cuatro parcelas: dos para viviendas colectivas libres, de 7,988 metros cuadrados y 10,435 metros cuadrados; una para vivienda de protección pública básica (15,638 metros cuadrados); y, finalmente, el 28% de otra para vivienda de protección pública básica que se comparte con el Ayuntamiento.
Finalmente, Pryconsa será el propietario de una superficie de 3,123 metros cuadrados destinada a viviendas colectivas libres.
En cuanto a la urbanización del terreno, SIEPSE asumirá, frente al Ayuntamiento de Madrid, el pago total de las obras, así como las indemnizaciones y los costes de las demoliciones que sea necesario realizar. El coste inicialmente previsto asciende a 25 millones de euros. Estas obras de urbanización comenzarán en un plazo máximo de ocho meses desde la notificación al promotor de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y se estima que tendrán una duración de 15 meses.
