El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una importante agencia inmobiliaria nacional por presuntas prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Esta acción se origina de una investigación iniciada en octubre, que actualmente se amplía a otras inmobiliarias sospechosas de incurrir en irregularidades similares. Además, el ministerio está indagando sobre el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a los inquilinos.
Prácticas ilegales denunciadas
La Dirección General de Consumo ha solicitado información a diversas agencias inmobiliarias tras recibir múltiples denuncias por parte de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Las quejas resaltan la legalidad de prácticas como exigir comisiones por la gestión del arrendamiento, la imposición de seguros y la contratación forzosa de servicios no requeridos por los inquilinos. En este contexto, se recuerda que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe explícitamente trasladar a los inquilinos los gastos relacionados con la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato.
Las infracciones detectadas podrían clasificarse bajo la Ley de Defensa de los Consumidores en dos categorías:
- Infracciones graves: Sancionadas con multas que pueden alcanzar los 100.000 euros, y en ocasiones, hasta cuatro a seis veces el beneficio ilícito obtenido.
- Infracciones muy graves: Con multas previstas de hasta un millón de euros, pudiendo sobrepasar esa cantidad entre seis y ocho veces el beneficio obtenido de manera ilícita.
Acciones anteriores del Ministerio
Este expediente sancionador se suma a otro ya iniciado hace tres meses contra una plataforma que se dedica al alquiler de viviendas turísticas. La razón de este procedimiento fue la presencia de miles de anuncios considerados publicidad ilícita, infringiendo la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Tras una negativa a eliminar estos anuncios, la plataforma fue objeto de este nuevo procedimiento.
Además, en febrero, el Ministerio abrió otros expedientes a empresas que gestionan viviendas turísticas por ofrecer información engañosa o que podría inducir a error, según lo establecido en la Ley de Competencia Desleal. Un ejemplo de esto sería anunciar un alojamiento turístico como gestionado por una persona particular cuando en realidad se trata de una empresa.
El Ministerio de Derechos Sociales insiste en que la vivienda es un derecho fundamental protegido por la ley. Las recientes iniciativas tienen como objetivo priorizar la protección de los derechos de los consumidores en su acceso a la vivienda. Asimismo, se han llevado a cabo campañas informativas dirigidas a operadores del mercado sobre prácticas abusivas en los contratos de alquiler, tales como el cobro de fianzas excesivas o la exigencia de pagos anticipados.
Desde la Dirección General de Consumo se ha destacado que la apertura de este expediente no implica un juicio previo sobre el resultado final de la investigación.
