Madrid, 20 de febrero de 2025. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha iniciado una serie de expedientes sancionadores contra empresas que gestionan viviendas turísticas en varias Comunidades Autónomas. Estas acciones son consecuencia de una investigación lanzada en diciembre pasado por la Dirección General de Consumo, la cual reveló que estas compañías podrían estar involucradas en prácticas engañosas que afectan los derechos de los consumidores.

Detección de prácticas engañosas

Los expedientes se han abierto después de que se detectara que estas grandes gestoras, que administran numerosas viviendas turísticas, están proporcionando «información falsa o que induce a error» en sus anuncios. Un ejemplo de esto es la afirmación de que la gestión de los alojamientos está realizada por particulares, cuando en realidad es llevada a cabo por una empresa. Según el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, este tipo de acciones pueden alterar el comportamiento económico de los consumidores, constituyendo así una práctica engañosa.

El Artículo 27 de la misma ley también especifica que es ilegal crear la falsa impresión de actuar como un consumidor o no hacerlo en el marco de una actividad empresarial. Las infracciones de este tipo pueden clasificarse como graves, lo que conlleva multas que pueden alcanzar hasta los 100,000 euros, o incluso más, ya que las sanciones pueden multiplicarse entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa involucrada. La Dirección General de Consumo aclara que la apertura de estos expedientes no implica un juicio previo sobre su desenlace.

Acciones previas y líneas de investigación actuales

Esta serie de sanciones se suma a un expediente abierto hace dos meses contra una plataforma que opera en el sector del alquiler turístico. En ese caso, se identificaron miles de anuncios catalogados como publicidad ilícita, lo que también infringe la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo trató de obligar a la plataforma a eliminar estos anuncios de forma inmediata, pero tras su negativa, se iniciaron los procedimientos correspondientes.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos de Bustinduy para salvaguardar los derechos de los consumidores y frenar prácticas que dificultan el acceso a la vivienda en el país. En octubre, la Dirección General de Consumo comenzó a investigar a diversas agencias inmobiliarias por prácticas abusivas, que incluían el cobro de comisiones ilegítimas o la imposición de contratos temporales sin justificación adecuada.