El gobierno español regula la transparencia de algoritmos en la publicidad
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado la implementación de una nueva regulación que busca garantizar la transparencia en el uso de algoritmos por parte de las empresas. Este anuncio se realizó en un evento conmemorativo por el Día Mundial de las Personas Consumidoras, donde se abordaron las implicaciones de la personalización de precios y publicidad en el ámbito digital.
Obligaciones para las empresas
Durante su intervención, Bustinduy destacó que la normativa obligará a las empresas a hacer accesibles los parámetros de sus algoritmos a los consumidores, asegurando que no sean discriminatorios ni se aprovechen de situaciones de necesidad. Esta medida incluye una prohibición expresa para que los precios no varíen de forma automática durante el proceso de compra, con el fin de que los consumidores no sientan presión para tomar decisiones rápidas.
“Desde el Ministerio de Derechos Sociales, buscamos que la información sea útil para evitar posibles prácticas engañosas o discriminatorias”, afirmó Bustinduy. La iniciativa también pretende aumentar la conciencia sobre el manejo de datos personales y fortalecer el control sobre la privacidad de los usuarios.
Detalles sobre la regulación
Para ilustrar la naturaleza de esta regulación, Bustinduy ofreció el ejemplo de un servicio de transporte que utiliza precios dinámicos. En este caso, la empresa deberá proporcionar información clara sobre cómo se ha determinado el precio, permitiendo a los usuarios conocer los factores que influyen en la tarifa, como la distancia o la demanda.
Además, se prohibirá fijar precios en función de características personales, como la discapacidad o el perfil racial de los usuarios, así como en circunstancias de emergencia, como una baja batería en un teléfono móvil.
Estas medidas responden a la actuación del Ministerio tras la DANA ocurrida en octubre, donde se prohibieron aumentos de precios en situaciones de crisis. Según Bustinduy, “ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”.
El evento, que también contó con la participación de la CNMC y el Consejo de Consumidores y Usuarios, culminó con un manifiesto en el que se propone un Pacto de Estado para defender los derechos digitales. Este pacto aboga por la prohibición de acciones comerciales que interfieran con la capacidad de decisión de los consumidores y la mejora de la accesibilidad en el entorno digital.
El director general de Consumo, Daniel Arribas, cerró el acto reiterando la importancia de que todos los actores económicos colaboren en la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito digital.
