El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Bustinduy, para destinar 198,7 millones de euros a comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este significativo monto tiene como finalidad atender las necesidades básicas de las familias más vulnerables en aspectos como la alimentación, la higiene, y el refuerzo de servicios de ayuda a domicilio e inclusión social. La decisión se formalizó durante la sesión del martes, y se espera que tenga un impacto directo en la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social.

Inversión dirigida a familias vulnerables

La iniciativa se centra en proporcionar época de recursos para las familias en situaciones desfavorables, incluyendo especialmente a las familias monoparentales, numerosas, y aquellas que residen en áreas rurales. En palabras de Bustinduy, "la meta es mejorar la vida de las familias más necesitadas y atender sus necesidades sociales específicas".

De los fondos aprobados, 65 millones de euros estarán dedicados exclusivamente a programas de intervención social y apoyo financiero a aquellas familias que enfrentan el riesgo de pobreza. Estos recursos podrán ser utilizados para satisfacer necesidades básicas como alimentos y productos de higiene, así como para cubrir gastos educativos como el material escolar y ayudas para el comedor. También se contempla asistencia para el alquiler y otros suministros esenciales del hogar.

Objetivos de conciliación y protección infantil

Además de socorrer a las familias, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo busca fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de estos hogares. Esto incluye la financiación de proyectos que ayuden a cubrir los costos de las escuelas infantiles y otras necesidades que puedan surgir para los niños y adolescentes. Un ejemplo de esto es el Programa VECA, que permite a los jóvenes participar en actividades educativas y recreativas durante las vacaciones escolares y tener acceso a una alimentación saludable durante esos periodos.

Dentro del paquete de ayudas también se asignarán 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales, enfocándose en la detección y prevención de la violencia infantil, alineándose con los objetivos de la Ley Orgánica 8/2021, que protege integralmente a la infancia frente a la violencia.

Para finalizar, más de 108,7 millones de euros de la inversión total se destinarán a financiar la red de servicios sociales de atención primaria, que incluye servicios de ayuda a domicilio y prevención de la exclusión social. La propuesta ha recibido el visto bueno inicial del Consejo Territorial de Servicios Sociales y será ratificada en una próxima reunión.

Esta medida es un paso importante en la estrategia del gobierno para mitigar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias más afectadas en el país.