• En este Real Decreto Ley se han incluido también ayudas directas a la Plataforma del Tercer Sector, al Consejo General de Trabajo Social, y a las protectoras de animales que se viesen afectadas.
• En materia de Consumo, Bustinduy introdujo un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados antes del 28 de octubre de 2024.

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto Ley dirigido a atender la situación de emergencia ocasionada por la DANA. En esta normativa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluyó medidas presentadas por Pablo Bustinduy que inciden directamente en las áreas que dirige y con las que puso en marcha lo que denominó como «Red de protección social» para las personas afectadas por la DANA.

Entre estas medidas destaca una partida de 50 millones de euros que se transferirán a los ayuntamientos afectados por la DANA para reforzar sus servicios sociales. El objetivo, manifestó Bustinduy, es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que, según dijo, generó esta catástrofe y que se traduciría también en situaciones de privación material y riesgo severo de exclusión social para miles de personas.

Además, Bustinduy incluyó en este Real Decreto Ley una concesión directa de 5 millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector. Esta plataforma representa a cerca de 28.000 entidades en toda España, como Cruz Roja, Cáritas, CERMI o Plataforma del Voluntariado, muchas de ellas con presencia en la Comunidad Valenciana. Bustinduy señaló que todas ellas, así como las entidades locales, son actores fundamentales en la emergencia para que la ayuda llegue a todos los rincones, por su capacidad de activar y organizar a la sociedad y por su flexibilidad para asegurar la ayuda.

En el Real Decreto Ley se incorporó también una concesión directa de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados, donde profesionales de este grupo, especializados en atender a personas víctimas de catástrofes, ya llevaban varios días trabajando, yendo puerta por puerta en las zonas más necesitadas. “Los poderes públicos caminamos siempre de la mano de la sociedad civil organizada”, aseguró el ministro.

En materia de Consumo, Bustinduy introdujo un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados antes del 28 de octubre de 2024. De esta manera, argumentó el ministro, se garantiza que toda persona que lo necesite pueda acceder a los servicios de velatorio y ceremonias fúnebres “en condiciones de equidad”, y se continúan protegiendo los derechos de todas las personas afectadas en el ámbito del consumo. “Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador”, apuntó.

Por otro lado, el ministerio de Derechos Sociales introdujo en este Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del tercer sector que se viesen afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, ya sea porque sus instalaciones sufrieron daños, porque haya afectado a sus trabajadoras/es, porque sus plantillas están mermadas o porque han relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.