El Ajuntament de Palma ha tomado medidas drásticas contra dos empresas que operaban con ‘tuk tuk’, vehículos de tres ruedas utilizados para el transporte turístico. La administración municipal ha decidido inmovilizar estos vehículos y suspender la actividad de ambas compañías por ofrecer servicios de transporte de viajeros sin la licencia correspondiente. Esta decisión se enmarca en la necesidad de cumplir con la normativa local y garantizar un transporte seguro y autorizado en la ciudad.

El 6 de mayo de 2025, el Consistorio firmó dos decretos que establecen la apertura de procedimientos sancionadores por violaciones graves de la legislación vigente, así como la retirada inmediata de los vehículos involucrados. La intervención de los tuk tuks se produce después de que ambas empresas fueran denunciadas múltiples veces por la Policía Local, evidenciando su persistencia en operar sin la debida autorización.

Medidas tomadas por el Ajuntament

Los decretos firmados por el Ajuntament detallan varias acciones, entre ellas la suspensión cautelar de la actividad de transporte sin licencia y la inmovilización de los vehículos hasta que se cumpla con lo establecido por la normativa. La Ley 4/2014, de 20 de junio, que regula el transporte terrestre y la movilidad sostenible en las Illes Balears, considera como infracciones muy graves el ofrecimiento de estos servicios sin el permiso necesario, estableciendo sanciones económicas que pueden variar entre 1.001 y 6.000 euros.

De acuerdo con el artículo 46 de esta ley, es el Ayuntamiento quien tiene la autoridad para autorizar el transporte de pasajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas. En el caso de Palma, no se ha otorgado ninguna licencia para que los tuk tuks funcionen como transporte turístico o de pasajeros. Ante esta situación, la administración local ha decidido actuar con firmeza para erradicar prácticas ilegales que no solo generan competencia desleal, sino que también representan un riesgo para los usuarios.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, enfatizó la importancia de cumplir con la normativa, indicando que la seguridad en la movilidad es fundamental tanto para residentes como para visitantes. “Actuaremos con toda la firmeza y determinación necesarias para impedir que esta actividad ilegal continúe desarrollándose en la ciudad”, afirmó.

Implicaciones para las empresas involucradas

Las empresas sancionadas enfrentan no solo la paralización de su actividad, sino también el proceso legal que conlleva la apertura de estos procedimientos sancionadores. Esto podría suponer significativos costos económicos y la posibilidad de perder la confianza de los consumidores que buscan un servicio de transporte seguro y autorizado. La Administración ha dejado claro que no se tolerarán operaciones que infrinjan la legislación vigente y que trabajará incesantemente para garantizar que el transporte en Palma sea seguro y regulado.