La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lideró la reciente Conferencia Sectorial de Energía, donde presentó los avances más relevantes del sector durante los últimos meses. En su intervención, Aagesen subrayó un notable cambio en la demanda de acceso a la red eléctrica en España: «El salto es sustancial; donde había una demanda vegetativa, y sobre todo para generación, ahora la principal demanda es de la industria, de los puertos, de los ferrocarriles, del tejido industrial y productivo, lo que constata el gran atractivo del país».

La ministra detalló que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está trabajando en la planificación eléctrica para los años 2025-2030. Aagesen indicó que las solicitudes de acceso al sistema eléctrico por parte de la demanda industrial alcanzan el 41% del total, mientras que las relacionadas con la generación corresponden al 40%, y el almacenamiento al 19%. Entre las energías renovables, las peticiones para instalaciones fotovoltaicas son cinco veces más de lo necesario para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

Plan de recuperación y movilidad eléctrica

Durante la conferencia, se revisó también la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que cuenta con más de 5.000 millones de euros distribuidos en diversas líneas, tales como autoconsumo, almacenamiento y energías renovables térmicas. Además, se destacó el impulso de los programas MOVES II y III, que han beneficiado a la movilidad eléctrica, con más de 2.000 millones de euros invertidos en los últimos años. Hasta la fecha, el país cuenta con más de 40.000 puntos de recarga públicos, aunque se hizo un llamado a aumentar la supervisión en la implementación de estas instalaciones.

Combatir la pobreza energética

Un aspecto importante tratado fue la lucha contra la pobreza energética. Aagesen solicitó colaboración para desarrollar la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública. Este nuevo enfoque busca asegurar que «nadie sin derecho al bono social se quede sin él», dado el aumento de beneficiarios del bono social que ha pasado de un millón en 2018 a 1,6 millones en la actualidad. La vicepresidenta destacó la disparidad en la identificación de consumidores vulnerables y la necesidad de implicar a las administraciones en la aplicación de protecciones necesarias para reducir la pobreza energética.

En cuanto a la gestión de residuos radiactivos, Aagesen respondió a preocupaciones planteadas por varias comunidades autónomas sobre el calendario de cierre de centrales nucleares, aclarando que las fechas de clausura fueron acordadas en un Protocolo firmado en 2019 y que los operadores no han solicitado modificaciones. Además, mencionó un nuevo Plan de gestión de residuos aprobado recientemente, cuyo coste total se estima en 20.000 millones de euros, a asumir por las empresas responsables de las centrales nucleares.

Finalmente, Aagesen expresó su disposición a colaborar con las comunidades autónomas y a reunirse con sus representantes para tratar asuntos específicos de cada región, reforzando el compromiso del gobierno por una transición energética justa y sostenible.