La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la segunda reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género, donde también participaron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Objetivos del Consejo Asesor de Brecha de Género
El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se creó con el objetivo de asesorar en la toma de decisiones de las políticas públicas bajo su competencia desde la perspectiva de género, especialmente aquellas destinadas a reducir la brecha de género. Además, entre sus funciones, se incluye proponer iniciativas que cierren las brechas causadas por los roles tradicionales de género. En su primera reunión, se acordó promover que las instalaciones de la Seguridad Social formaran parte de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad.
Mejora de la protección a mujeres víctimas de violencia
En esta segunda reunión, se abordó la necesidad de mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación de los colectivos más vulnerables, como las mujeres migrantes. También se planteó la necesidad de estudiar la prestación por incapacidad temporal (bajas laborales) desde la perspectiva de género y se discutió la transcripción de la sentencia del Tribunal Constitucional que propone ampliar el permiso de nacimiento de las familias monoparentales en 10 semanas adicionales a las 16 ya disponibles, para garantizar la protección del menor.
La situación de las mujeres migrantes
«La violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas es un problema complejo, agravado por su situación de especial vulnerabilidad», explicó la ministra Elma Saiz. «En nuestros protocolos de actuación con migrantes ya tenemos este fenómeno en cuenta, pero es un tema en el que hay que seguir trabajando». Por ello, en esta sesión se recabaron propuestas para avanzar en mejores protocolos para la detección y tratamiento de estas situaciones.
España ha desarrollado protocolos específicos como el del Aeropuerto de Barajas y el del CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación), que son muy innovadores y pueden ser exportables a otros centros. «Entre otras medidas, se han habilitado 300 plazas de acogida especializadas para víctimas de trata y se ha formado a más de 500 profesionales en este ámbito entre 2022 y 2024», destacó Saiz.
Impacto económico de la discriminación
El Consejo también se centró en las dificultades específicas de integración de las mujeres migrantes. «Las mujeres migrantes enfrentan una discriminación múltiple, derivada de factores como su género, nacionalidad, raza, religión, situación administrativa irregular, barreras culturales y lingüísticas, o la falta de redes de apoyo», expuso Saiz. En este sentido, recordó que el Informe sobre el Impacto Económico de la Discriminación de los Extranjeros en el PIB, presentado por el OBERAXE (Observatorio del Racismo y la Xenofobia), destaca la especial discriminación laboral de las mujeres, tanto en tasa de empleo como en cualificación y brecha salarial.
Este informe, recién presentado, cuantificó el impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España en 17.000 millones de euros, de los cuales 12.300 millones son producto de la discriminación laboral exclusivamente. En ese contexto, «la discriminación femenina es significativamente mayor que la masculina». En términos de valoración económica, esta discriminación femenina equivaldría a unas 65.500 trabajadoras extranjeras excluidas del mercado laboral, lo que significaría unos 1.200 millones de euros anuales menos en retribuciones salariales.
El informe también señala que las mujeres extranjeras tienen 2,3 puntos porcentuales menos de probabilidad de participación laboral. A pesar de representar el 47% de las personas empleadas extranjeras, contribuyen al 62% del efecto global de la discriminación por desempleo, tanto en número de personas como en valor económico.
Incapacidad temporal y reincorporación laboral
Otro punto en la agenda fue la necesidad de abordar la incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales, desde una perspectiva de género y la reincorporación gradual al trabajo tras bajas de larga duración. Esta propuesta responde a una necesidad planteada por organizaciones sociales, pacientes y colectivos, y muchos países de nuestro entorno han adoptado figuras similares.
«Es esencial abordar este debate desde una perspectiva de género, ya que las mujeres, a menudo encargadas de dobles jornadas laborales y del cuidado del hogar, enfrentan mayores barreras en los procesos de recuperación y reincorporación laboral. Garantizar un sistema de Incapacidad Temporal flexible y adaptado permitirá avanzar hacia la igualdad real y cuidar de quienes más lo necesitan», aseguró la ministra.
Permiso de nacimiento para familias monoparentales
Finalmente, el Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio analizó la prestación de nacimiento para las familias monoparentales con el fin de garantizar la protección del menor.
«Las leyes deben avanzar en justicia social y por ello era importante llevar esta cuestión a un Consejo donde expertos de diversas disciplinas pudieran abordarlo. El interés superior del menor es un asunto que nos concierne, así como acabar con las brechas de género y asegurar que las mujeres no estén marginadas en el mercado laboral», explicó Elma Saiz.
