La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde a un real decreto ley que establece medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia, especialmente en el contexto de la situación que enfrentan miles de menores migrantes no acompañados. Este decreto es un paso significativo, según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien lo ha calificado como un «hito en la defensa de los derechos humanos.»
Torres ha destacado que la aprobación de esta norma responde a una necesidad histórica planteada por las comunidades fronterizas donde arriban estos menores en embarcaciones precarias. Además, ha subrayado la importancia del respaldo de la Abogacía del Estado, que respalda tanto la urgencia de esta medida como la necesidad de alcanzar los acuerdos suficientes para su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Modificaciones clave para la protección de menores migrantes
El Ejecutivo ha propuesto una modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros, añadiendo varios puntos relevantes. Uno de los elementos más críticos es el artículo 35 bis, que reconoce la autonomía de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, permitiendo a las comunidades autónomas decidir de manera unánime sobre cuestiones relacionadas con este artículo. Este punto también establece que aquellas comunidades que superen en tres veces su capacidad de acogida de menores no acompañados deberán informar al Gobierno, quien activará mecanismos de reubicación.
Además, el artículo 35 ter establece criterios para la distribución equitativa de estos menores, considerando factores como la población, la renta per cápita y la tasa de desempleo en cada región. Por su parte, el artículo 35 quater regula el registro de menores no acompañados, subrayando que su traslado a la comunidad correspondiente debe efectuarse en un plazo máximo de 15 días tras su registro.
Inversión en acogida y desarrollo sostenible
El ministro Torres también anunció la creación de un fondo de 100 millones de euros destinado a financiar los traslados de los menores, mientras que se fijan criterios claros para determinar la capacidad de acogida de cada comunidad. Este enfoque busca garantizar un trato equitativo, dado que la capacidad ordinaria se calculará de forma objetiva y transparente.
Torres ha enfatizado la disparidad en algunos centros, donde se contabilizan hasta 300 menores en espacios habilitados para 20. Resaltó la importancia de demostrar sensibilidad ante la situación de estos niños, señalando que muchos de ellos carecen de acceso a educación digna.
Además, el Consejo aprobó otras medidas significativas, como la creación de un registro de huella de carbono, que implica la obligación para empresas y administraciones públicas de calcular su huella de carbono y desarrollar planes de reducción de gases de efecto invernadero. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que esta medida es un paso hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
El Consejo también trató el impulso a las federaciones deportivas mediante subvenciones, cuyo objetivo es optimizar la preparación de los deportistas en diversas disciplinas, así como conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, reafirmando el compromiso del Gobierno con la igualdad y la convivencia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, abordó la agenda política, incluida la próxima reunión del Consejo Europeo, y las previsiones de crecimiento que posicionan a España como uno de los países que más crecerán en 2025, destacando un modelo que favorece el crecimiento y la creación de empleo.
