El Gobierno de España, a través del Tesoro Público, ha transferido los primeros 658 millones de euros a 31 ayuntamientos que han sido afectados por la DANA, dentro del marco establecido por el Real Decreto Ley 6/2024. Este desembolso forma parte de un total de 1.745 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comprometió el pasado 28 de enero para financiar obras de reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios municipales.
Hasta la fecha, se ha autorizado el pago de cerca de 1.000 millones de euros de los fondos destinados a esta causa, de los cuales ya se han abonado 658 millones. Se prevé que en los próximos días se complete el ingreso de los recursos hacia los restantes ayuntamientos mencionados en el Real Decreto Ley, con lo cual se alcanzará el íntegro de los 1.745 millones de euros destinados a implementar hasta 500 intervenciones en infraestructuras como mercados, polideportivos, centros culturales y redes viarias.
Novedades en el enfoque de financiación
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reafirmó que, ante la difusión de información errónea, "las ayudas del Gobierno de España están llegando a los damnificados por la DANA". Torres destacó que, en sólo 20 días, se ha realizado una respuesta significativa ante la crisis, comprometiendo el 100% de los costes de reparación y anticipando las transferencias a los consistorios.
Tradicionalmente, el Gobierno había asumido sólo el 50% de los costes de las obras de reparación de infraestructuras dañadas por desastres naturales. Sin embargo, bajo la nueva directiva por la DANA, se cubrirá el 100% de las obras, y todos los costes serán entregados por adelantado a los municipios. Además, se introduce la opción de que los ayuntamientos establezcan acuerdos con TRAGSA para la adjudicación y ejecución de las obras.
Otra mejora significativa es la posibilidad de reubicar infraestructuras y realizar mejoras técnicas que aumenten su resistencia a eventos naturales futuros. También se amplían los plazos para las distintas fases del proceso, facilitando así a los ayuntamientos la finalización de los proyectos.
