La Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, publicaron en audiencia pública un proyecto de Orden que establece criterios generales para la adaptación de medios y tiempos en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Esta norma busca actualizar y mejorar las condiciones de participación en las oposiciones de este colectivo, con el objetivo de garantizar que lo hacen en condiciones de igualdad.

El proyecto de Orden ya había pasado por el trámite de consulta previa. En esta nueva fase, de audiencia pública, el texto del proyecto se pone a disposición de los ciudadanos afectados y de las entidades interesadas para obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse. El plazo para presentarlas estará abierto hasta el 21 de enero de 2025, y pueden remitirse a la dirección de correo electrónico [email protected].

Adaptación de tiempos y medios

El texto del proyecto de Orden tiene como objetivo actualizar y mejorar las medidas de adaptación y ajuste establecidas en los procesos selectivos para el acceso al empleo público, que datan de hace casi dos décadas. Aborda la adaptación de tiempos, la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, así como la disposición de medios materiales y humanos para la realización de las pruebas, garantizando además la accesibilidad a la información y comunicación de los procesos.

Asimismo, se contemplan ajustes razonables, que son las adaptaciones requeridas por las situaciones específicas de los aspirantes con discapacidad que no puedan ser resueltas con las adaptaciones genéricas de tiempos y medios.

En este contexto, las adaptaciones de medios humanos podrán incluir la utilización por parte del aspirante con discapacidad de un asistente personal, un intérprete de lengua de signos, un guía-intérprete (para personas sordociegas) u otro personal de asistencia o apoyo.

Las adaptaciones de tiempos se disponen según el tipo y grado de discapacidad de acuerdo con un baremo de criterios incluido en el propio texto, permitiendo a los órganos de selección decidir el tiempo adicional para la prueba que contarán los aspirantes que lo soliciten.

También se define el proceso por el cual los órganos de selección podrán valorar y resolver sobre las peticiones de adaptación de medios, tiempos y otros ajustes razonables de los aspirantes, incluidos aquellos supuestos no previstos en la norma, que se resolverán de acuerdo con los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad, siempre garantizando la igualdad de oportunidades.

Este proyecto de Orden forma parte de las iniciativas que el Gobierno de España está adoptando para lograr un empleo público más inclusivo, destacando la reserva en la Oferta de Empleo Público de 2024 de un cupo del 10% de las plazas para personas con discapacidad.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala que esta Orden refuerza el compromiso del Gobierno de España con la activación laboral de las personas con discapacidad, no solo en el acceso al empleo sino también para su permanencia como funcionarias y funcionarios. Al mismo tiempo, se garantiza su bienestar e inclusión en el entorno laboral, así como un buen desempeño profesional. En esta legislatura, se han creado unidades de inclusión laboral que se incorporarán a cada ministerio, y se desplegarán las medidas que contempla el Libro Blanco “Empleo y Discapacidad” para que el nuevo mercado laboral, digitalizado, globalizado y altamente competitivo, no expulse a las personas con discapacidad y les ofrezca estabilidad y derechos laborales.