El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha una consulta pública previa para el proyecto de Ley de Agricultura Familiar. Este proceso busca recopilar opiniones de ciudadanos, entidades y organizaciones antes de la redacción final del texto legislativo. El objetivo es fomentar la participación y el diálogo en torno a una ley que el ministro Luis Planas considera vital para el futuro del sector agroalimentario.
Planas ha subrayado que la implementación de esta ley es parte de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su investidura. La norma se enmarca, además, en las prioridades del ministerio, que incluye la reciente Estrategia Nacional de Alimentación.
Consultas y propuestas para el sector agroalimentario
Conforme a lo señalado por Planas, esta ley desempeñará un papel fundamental en la definición de las políticas agrarias y en la orientación de las ayudas que se destinarán en el marco de la Política Agraria Común (PAC). “Es esencial abrir un proceso de escucha y diálogo para recopilar las aportaciones del sector”, afirmó el ministro, quien destacó que las consultas estarán abiertas hasta el 3 de abril.
El ministro ha enfatizado la función estratégica de la agricultura y ganadería familiares. Estas actividades no solo ayudan a frenar el despoblamiento en áreas rurales, sino que también representan una alternativa de empleo para jóvenes y mujeres, contribuyendo a la cohesión social y territorial en estas zonas.
La futura legislación se enfocará en la promoción de la agricultura familiar a través de un amplio conjunto de medidas. Estas pueden incluir la priorización de este modelo en las líneas de ayudas disponibles, así como facilitar el acceso a la titularidad de las explotaciones, la financiación y nuevas tecnologías. Se buscará, además, fomentar el relevo generacional y destacar la contribución de las mujeres en la actividad agraria, todo ello respetando las competencias autonómicas.
Relevancia de la nueva normativa y desafíos del sector
La creación de esta ley ocurre en un contexto donde se requiere modernizar la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que ha quedado desactualizada tras 30 años desde su promulgación. Esta ley fue significativa en su momento, pero ahora necesita adaptarse a las realidades sociales, económicas y normativas actuales.
Tanto la Unión Europea como la Organización de Naciones Unidas han expresado su apoyo a la agricultura familiar, al considerar que contribuye a la sostenibilidad en el ámbito social y económico. La nueva legislación abordará, entre otros retos, el necesario relevo generacional en el sector. Según el último censo agrario de 2020, el 41% de los responsables de explotaciones agrícolas son mayores de 65 años.
Además, en la última década, se ha observado una reducción del 7,6% en el número de explotaciones agrarias, lo que ha repercutido principalmente en las de menor tamaño. En este sentido, es evidente que el sector agrícola está en medio de una transformación hacia métodos de producción más sostenibles.
Para los agricultores familiares, el acceso a la innovación y la digitalización es fundamental, aunque a menudo enfrentan dificultades para realizar las inversiones necesarias. Por ello, el Ministerio ha considerado imperativo el desarrollo de esta ley que contemple no solo los aspectos actuales del sector, sino también las oportunidades de modernización y mejora que se deben abordar.
