Los ministros de Interior y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España han presentado sus experiencias en relación al Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, el cual han descrito como un modelo integral en la lucha contra el delito grave y el narcotráfico. Esta exposición se llevó a cabo durante la cuarta reunión ministerial de la coalición que reunió a representantes de varios países europeos en Cádiz, donde se discutieron los logros y la evolución del plan desde su lanzamiento en 2018.
Inversiones y coordinación interinstitucional
En esta reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó las inversiones realizadas en tecnología, que superan los 156 millones de euros en seis años, así como el aumento de efectivos policiales y la colaboración entre distintas instituciones y administraciones. «Hemos recuperado el principio de autoridad, y los datos de criminalidad, operaciones y detenciones reflejan el esfuerzo conjunto desde 2018», afirmó.
Grande-Marlaska también subrayó la importancia de la colaboración entre el Ministerio de Justicia y el de Interior para agilizar los procesos judiciales. Mencionó la interacción con departamentos como la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, lo que ha permitido una respuesta más efectiva ante el crimen organizado.
El ministro Félix Bolaños puso de relieve los avances en el ámbito de la Justicia, señalando una inversión de más de 900 millones de euros, la creación de 15 nuevas unidades judiciales y la contratación de nuevos fiscales. También mencionó la apertura de una sede de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en Algeciras, que ha permitido recuperar 6 millones de euros destinados a combatir el crimen y apoyar a las víctimas.
Declaración conjunta sobre la cooperación internacional
El encuentro concluyó con la aprobación de una declaración conjunta que solicita a la Comisión Europea incrementar la cooperación en materia de seguridad con regiones como América Latina, el Caribe, los Balcanes Occidentales y África. Estos territorios son considerados puntos clave en el tránsito del narcotráfico hacia Europa Occidental.
La declaración insta a prestar atención a la cooperación con terceros países y resalta la necesidad de asignar «fondos suficientes» en el nuevo marco financiero de la UE, permitiendo así una cooperación operativa más efectiva entre los 27 Estados miembros. Se enfatiza la inclusión de recomendaciones en la futura Estrategia de Seguridad Interior de la UE, enfocándose en prevenir el blanqueo de capitales y mejorar el intercambio de información.
Asimismo, se advierte sobre el riesgo de financiamiento a redes criminales y se promueve fortalecer la cooperación en la investigación de decomisos a través de las unidades de investigación financiera. La declaración también aboga por un acceso legal y efectivo a datos por parte de las fuerzas de seguridad, reconociendo la importancia de la colaboración público-privada para la protección de la sociedad.
Finalmente, se dedicó una sección de la declaración a la protección de los recintos portuarios, instando a la Comisión Europea a apoyar el desarrollo de la Alianza Europea de Puertos, creada recientemente, para dotar de mayor protección a estos nodos logísticos contra el crimen organizado.
