La víctima de Tarragona es una mujer de 41 años presuntamente asesinada por su pareja el pasado 17 de septiembre. No tenía hijos menores de edad ni había denuncias previas por violencia de género contra el agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 48 en 2023 y a 1.232 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quieren expresar nuevamente su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y transmiten todo su apoyo a familiares y amigos de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada solicitan todos los esfuerzos de las instituciones, administraciones y la sociedad en su conjunto para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas en línea a través del correo electrónico [email protected], el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en línea, accesible desde el sitio web violenciagenero.igualdad.gob.es, siguen funcionando normalmente las 24 horas, los 7 días de la semana. En el 016 se puede solicitar asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento legal de 8 a.m. a 10 p.m. todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también se recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencia de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde donde se enviará una señal de alarma a la policía con la ubicación geográfica. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.