El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, considera que la implementación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración de la Comunidad desde el 1 de junio de este año (salvo en el sector docente, donde se implementará con el inicio del curso 2023/2024) supone la recuperación de un derecho que tenían los empleados públicos autonómicos.
10 de agosto de 2023
Castilla y León |
Consejería de la Presidencia
La conciliación es el derecho que tienen los trabajadores a que exista un equilibrio entre dos facetas: su labor profesional y su vida personal y familiar. Una correcta armonización de estos dos aspectos es esencial para su salud y bienestar. Aunque pueda parecer un concepto relativamente moderno, hace décadas que se empezó a tomar conciencia de la necesidad de alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y el ámbito privado y familiar. Así, ya en 1981 la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, destacó la importancia de prestar una especial atención a las particularidades de estos trabajadores.
Desde entonces, la necesidad de conciliación entre el trabajo y la esfera privada se ha planteado en todos los niveles: internacional, europeo, nacional y autonómico, como una condición vinculada a la nueva realidad social. Por eso se han abordado importantes reformas legislativas, entre las cuales destaca la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, promovida en 1999.
Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, se enfrentan al reto de lograr el ansiado equilibrio entre vida laboral y vida personal. Es un desafío diario y cambiante, ya que hay momentos en los que conciliar resulta más difícil, principalmente por nuevas demandas desde el punto de vista familiar o períodos de mayor esfuerzo en el trabajo.
El legislador es consciente de ello, y así, la principal norma que regula el empleo público en nuestro país, el Estatuto Básico del Empleo Público, reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a adoptar medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Ha habido una variedad de medidas implementadas para hacer efectivo este derecho, aplicables tanto al personal funcionario como al personal laboral de las administraciones públicas. Entre ellas podemos mencionar licencias, reducciones de jornada, permisos relacionados con la conciliación, exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, lactancia, guarda legal de menores de doce años, cuidado de hijos afectados por una enfermedad grave y el nuevo permiso parental de ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años, que ha sido incorporado recientemente a nuestro ordenamiento jurídico a partir de las disposiciones de la Unión Europea.
Junto a este catálogo de medidas destinadas a facilitar la conciliación en situaciones específicas, una jornada laboral razonable contribuye decisivamente a que la conciliación no sea una «misión imposible». Consciente de ello, la Junta de Castilla y León ha considerado prioritaria la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los 90.375 empleados de la Administración autonómica (datos a 30 de junio de 2023).
Los empleados públicos de la Administración castellana y leonesa venían disfrutando de esta jornada desde el año 2002. Sin embargo, en 2012, el difícil contexto económico hizo que en todo el sector público español se implantara la jornada semanal de 37 horas y media. Ante una crisis económica de dimensiones globales y cuyas graves consecuencias se venían sufriendo desde hace años, era imprescindible cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que justificó la adopción de esta medida.
Durante las pasadas legislaturas se ha trabajado intensamente para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal y reducción del déficit público, de manera que hoy, incluso a pesar de las dificultades que ha supuesto el período marcado por la pandemia de COVID-19, es posible hablar de recuperación económica. Este nuevo contexto ha permitido que el personal al servicio de las diferentes administraciones públicas haya ido recuperando progresivamente los derechos que se vieron afectados por la situación económica.
En el ámbito de la jornada, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha autorizado a las distintas administraciones públicas a establecer, mediante negociación colectiva, la jornada de 35 horas en sus calendarios laborales.
Ante esta habilitación estatal, la Junta de Castilla y León ha optado por el Decreto-ley para reimplantar dicha jornada. Así, el Decreto-ley 1/2023, de 30 de marzo, que establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de marzo pasado, establece la recuperación de la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de junio. En el caso del personal docente de centros públicos no universitarios, la entrada en vigor de esta medida se ha pospuesto al 1 de septiembre por razones organizativas.
De esta manera, con el acuerdo unánime de todas las organizaciones sindicales involucradas, se completa el proceso de recuperación de derechos de los empleados públicos al servicio de la Administración autonómica, empleados públicos que han contribuido con su esfuerzo a la recuperación económica, manteniendo en todo momento un alto nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos incluso en los difíciles momentos de la pandemia, y que ahora pueden disfrutar de una jornada más acorde con las exigencias de la conciliación.