El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha inaugurado hoy una jornada en conmemoración del décimo aniversario de la constitución de la Asociación de Gestores de Reciclaje de Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl). Durante el evento, se ha abordado la aprobación del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el cual se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. Este decreto establece la obligación de utilizar un porcentaje de árido reciclado en las obras públicas de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este decreto con el objetivo de promover la valorización de los residuos de construcción y demolición, así como su uso como materia prima secundaria, impulsando la economía circular en el sector en condiciones ambientalmente adecuadas. Estos residuos representan aproximadamente un tercio del total de residuos generados en la comunidad, y se producen alrededor de un millón y medio de toneladas gestionadas por las 91 empresas gestoras de RCD en la región.

Los áridos reciclados obtenidos de estos residuos se utilizan como sustitutos de los áridos naturales en el sector de la construcción. Sin embargo, existe un desequilibrio entre la cantidad generada de áridos reciclados y su utilización en las obras, por lo que este decreto busca impulsar su empleo en sustitución de materias primas nuevas.

La Directiva Europea 2008/98/CE establece el objetivo de valorizar el 70% de los residuos de construcción y demolición generados, y la Ley 7/2022 de Residuos también lo dispone. Castilla y León ya cumple con este objetivo desde 2016 y en 2022 alcanzó una tasa de valorización del 80%.

El decreto tiene como finalidad establecer medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en la comunidad. La principal contribución de esta normativa a la economía circular es la obligación de utilizar áridos reciclados de plantas autorizadas en las obras públicas de la Administración de la Comunidad. Se establecen porcentajes de uso de áridos reciclados según el tipo de obra. Además, se establecen condiciones para el uso de estos áridos reciclados y residuos inertes en restauraciones de huecos mineros, cumpliendo con garantías ambientales.

El decreto también prevé el establecimiento de garantías financieras para las plantas de reciclaje de RCD, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los gestores de estos residuos. El decreto entró en vigor el 28 de mayo de 2023, pero se estableció un período transitorio de un año para su implementación en proyectos aprobados con anterioridad.

En cuanto a la gestión de los RCD, la Junta de Castilla y León está llevando a cabo un proyecto de sellado de escombreras municipales diseminadas por la región, en colaboración con las Diputaciones provinciales. También se han establecido áreas de aportación de RCD de obra menor para su correcta gestión.

Antes de la elaboración de este decreto, la Junta de Castilla y León encargó un estudio detallado de la gestión de los RCD en la región y los requisitos técnicos y legales que deben cumplir los materiales reciclados. Se publicó también la Guía de Obra Pública sostenible en Castilla y León, que promueve el consumo de áridos reciclados a través de ejemplos de obras ejecutadas en la región. Una exposición itinerante con estas obras se encuentra actualmente en las Delegaciones Territoriales de la Junta.