La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha presentado las prioridades y avances de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, en relación con los temas de competencia de esta comisión.

Pilar Llop ha informado sobre el estado de los expedientes penales, los relacionados con la protección de datos personales y los expedientes civiles. También ha destacado los avances en la digitalización de la cooperación judicial transfronteriza.

La ministra en funciones se ha referido en primer lugar a la directiva sobre recuperación de activos y decomiso, que «permitirá avanzar hacia una adecuada identificación de bienes provenientes del delito»; y a la propuesta de directiva sobre infracciones y sanciones penales por la violación de las medidas restrictivas de la Unión, «de gran importancia en la respuesta de la Unión Europea a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania».

Llop también ha informado sobre el estado de las negociaciones de dos prioridades de la presidencia: la directiva sobre la lucha contra la trata de personas; y la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En relación con esta última, ha pedido «reducir las diferencias entre nuestras dos instituciones en un tema que es prioritario para ambas».

La ministra en funciones también ha informado sobre la actividad de la Fiscalía europea, que «durante 2022 recibió 3.318 denuncias de presuntos fraudes y abrió 865 investigaciones, con un alcance de aproximadamente 9.900 millones de euros». Además, ha adelantado que la «Presidencia española pretende que el Consejo apruebe antes de fin de año las reglas para la sustitución y renovación de los Fiscales Europeos cuyo mandato caducará entonces».

Llop también ha mencionado la directiva relativa a la protección de las personas que ejercen la participación pública contra procedimientos judiciales claramente infundados o abusivos (SLAPP), que ha considerado «esencial para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas que participan en la vida pública».

En cuanto a la protección de datos, la ministra de Justicia en funciones ha anunciado la creación de un grupo de expertos de alto nivel en el acceso a datos personales con fines de investigación policial y judicial, y la adecuación de un nuevo «marco de privacidad» en este ámbito entre Estados Unidos y la UE, lo cual «brindará seguridad jurídica a la transferencia de datos desde la Unión Europea a dicho país».

Por último, la ministra en funciones ha destacado la importancia de la transformación digital de la cooperación jurídica transfronteriza, que es una de las prioridades de la Presidencia y para la cual «impulsará los procedimientos aún pendientes en el seno del Consejo».