El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha pedido a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas que basen las flexibilidades de ciertos requisitos de la Política Agraria Común (PAC) en un análisis detallado de las condiciones climáticas de su territorio, para evitar futuras correcciones financieras por parte de la Comisión Europea (CE) que afecten a los agricultores y ganaderos.
En una carta enviada esta mañana a todos los consejeros y consejeras del sector, Luis Planas ha recordado que el Plan estratégico de la PAC 2023-27 es resultado de «la gran diversidad» del territorio español y del clima, que conforman la agricultura y la ganadería de España «con diversos modelos de producción y una extraordinaria riqueza de cultivos y producciones ganaderas».
Precisamente, «con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad», ha resaltado el ministro en funciones, «el Plan estratégico recoge ocho prácticas posibles para optar a las ayudas de los ecorregímenes, adaptadas a los diferentes usos del suelo». Además, ha señalado que la normativa de desarrollo del plan «contempla diferentes flexibilidades para tener en cuenta las situaciones que puedan darse en las diferentes regiones de España».
Así, ha mencionado ejemplos como que los requisitos de los ecorregímenes pueden variar según si el pasto es húmedo o mediterráneo; o si un terreno de cultivo es de secano o regadío, y se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas, según las condiciones climáticas, puedan ajustar diferentes parámetros, como la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho, entre otros.
Luis Planas ha enfatizado en la carta que «esta potestad de las comunidades autónomas es necesaria, dada las grandes diferencias de condiciones climáticas en nuestro país, que dificultan la toma de decisiones a nivel nacional que satisfagan las necesidades de todo el territorio».
Ha apelado al «conocimiento cercano y profundo de la realidad» del sector y del territorio por parte de los máximos responsables de las comunidades autónomas para que la decisión de aplicar «una o varias de las flexibilidades previstas en la normativa» se haga con «responsabilidad», y evitar que la decisión que tomen «pueda implicar correcciones financieras» para la comunidad autónoma.
«Al tomar una decisión», es «importante» que se haga en base a un «análisis detallado de las condiciones climáticas» de la comunidad autónoma, con información detallada sobre si la situación es uniforme en todo el territorio o afecta de la misma manera a todas las producciones. El objetivo es «delimitar de manera clara las zonas en las que es necesario aplicar estas flexibilidades», sin que supongan un incumplimiento de los objetivos medioambientales y recogidos en el Plan estratégico, que serán fiscalizados por la Comisión Europea.
Por ello, ha recomendado a las comunidades autónomas que utilicen indicadores objetivos en los informes que respalden sus decisiones, los cuales deben quedar disponibles para los procedimientos de fiscalización del gasto, especialmente «importantes por tratarse de fondos comunitarios». En este sentido, ha recordado que las consecuencias financieras que puedan derivarse del uso indebido de las flexibilidades deberán ser asumidas por la comunidad autónoma.
«Los agricultores y ganaderos deben contar con la estabilidad necesaria al tomar decisiones», ha señalado el ministro, ya que las flexibilidades son «ajustes puntuales a lo largo del periodo» de aplicación de la PAC y deben adoptarse con «responsabilidad», según Planas.
