El espionaje ha sido utilizado con fines maliciosos para vigilar, intimidar y desacreditar a oponentes políticos, periodistas y la sociedad civil. La comisión de investigación sobre Pegasus ha aprobado su informe final y recomendaciones, condenando los abusos en varios Estados miembros de la UE y señalando medidas pendientes. Los eurodiputados condenan el abuso de estas herramientas de seguimiento para intimidar a la oposición política, silenciar a los medios críticos y manipular las elecciones.

La investigación ha dejado claro que los programas espía se han utilizado para violar los derechos fundamentales y poner en peligro la democracia en varios estados miembros de la UE, con Polonia y Hungría como los casos más flagrantes. El uso de programas de espionaje siempre debe ser proporcionado y autorizado por un poder judicial independiente, lo que lamentablemente no es el caso en algunas partes de Europa. Es necesario un control más estricto a nivel de la UE para garantizar que el uso de programas espía sea la excepción, para investigar delitos graves, y no la norma.

Para ayudar a revelar el espionaje ilícito, se ha propuesto la creación de un laboratorio tecnológico de la UE, un instituto de investigación independiente con competencias para investigar la vigilancia, proporcionar apoyo jurídico y tecnológico, incluida la detección de dispositivos, y realizar investigaciones forenses.

Además, se solicita una definición jurídica común del uso de la seguridad nacional como motivo de vigilancia, para evitar intentos de justificar abusos manifiestos. También se demandan normas de la UE sobre el uso de programas espía por parte de las fuerzas del orden, que solo deberá autorizarse en casos excepcionales, para un propósito predefinido y un tiempo limitado.

Es necesario que se investiguen los posibles abusos y garantizar compensaciones adecuadas a las víctimas. Los eurodiputados proponen que solo sea posible utilizar programas de espionaje en los Estados miembros que cumplan ciertas condiciones. Así, deben haberse investigado a fondo las denuncias de abuso de estas herramientas y la legislación nacional debe estar en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y el Tribunal de Justicia de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otro lado, los eurodiputados denuncian las graves violaciones de la legislación de la UE en Polonia y Hungría, donde los respectivos gobiernos han desmantelado los mecanismos de supervisión independientes. En Polonia, el uso de Pegasus se enmarca en «un sistema para la vigilancia de la oposición y los críticos del Gobierno, diseñado para mantener la mayoría gobernante y el Gobierno en el poder».

En Grecia, se denuncia que el uso de espionaje «no parece ser parte de una estrategia autoritaria integral, sino más bien una herramienta ad hoc con fines políticos y financieros». En España, persisten dudas sobre el uso de programas espía.

En cuanto a terceros países y los instrumentos de política exterior de la UE, se plantea una investigación en profundidad de las licencias de exportación de programas espías y una aplicación más estricta de las normas de control de las exportaciones de la UE.

En resumen, la comisión sobre Pegasus y otros programas espía concluye un año de investigación sobre la utilización de estas herramientas de espionaje en la UE. Se denuncia el abuso de estos útiles de seguimiento para intimidar a la oposición política, silenciar a los medios críticos y manipular las elecciones. Es necesario un control más estricto a nivel de la UE para garantizar que el uso de programas espía sea la excepción, para investigar delitos graves, y no la norma.