El Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha acordado el martes nuevas normas para integrar los derechos humanos y el impacto ambiental en la gobernanza de las empresas.
Con 19 votos en contra, 3 abstenciones y 3 a favor, los MEP del Comité de Asuntos Jurídicos adoptaron su posición sobre la llamada diligencia debida en sostenibilidad corporativa. Las empresas estarían obligadas a identificar, y cuando sea necesario, prevenir, poner fin o mitigar el impacto negativo de sus actividades, incluyendo el de sus socios comerciales, en los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Las empresas también deberían evaluar a sus socios de la cadena de valor al llevar a cabo su «diligencia debida», afirman los MEP. Esto debería incluir no sólo a los proveedores, sino también a las actividades relacionadas con la venta, distribución y transporte. El impacto negativo debería ser mitigado y remediado mediante la adaptación del modelo de negocio de la empresa, proporcionando apoyo a las PYME o buscando garantías contractuales.
Los MEP ampliaron la aplicación de las nuevas normas, en comparación con la propuesta de la Comisión, para incluir a las empresas con sede en la UE con más de 250 empleados y una facturación mundial superior a 40 millones de euros, así como a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros. Las normas también se aplicarían a las empresas no pertenecientes a la UE con una facturación superior a 150 millones de euros si al menos 40 millones de euros fueron generados en la UE.
Las empresas no conformes deberían ser responsables de los daños y los gobiernos de la UE establecerían autoridades de supervisión con el poder de imponer sanciones. Los MEP quieren que las multas sean de al menos el 5% de la facturación mundial neta y que se prohíba a las empresas de terceros países no conformes la compra pública.
Para facilitar el cumplimiento, los Estados miembros establecerían un servicio de asistencia nacional y la Comisión elaboraría directrices detalladas.
Según el texto adoptado, las empresas tendrían que comprometerse con las personas afectadas por sus acciones, incluyendo defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales, introducir un mecanismo de quejas y supervisar la eficacia de su política de diligencia debida.
Para ayudar a combatir el cambio climático, todos los directores de la empresa estarían obligados a implementar un plan de transición compatible con un límite de calentamiento global de 1,5°C. Los directores de las empresas con más de 1000 empleados serán directamente responsables de este paso, lo que a su vez afectará a las partes variables de su salario, como los bonos.
Tras la votación del comité, la ponente Lara Wolters (S&D, NL) señaló: «Me complace que se haya alcanzado un amplio consenso en el comité para presentar normas vinculantes que hagan que las empresas respeten a las personas y al planeta. Existe una clara voluntad de alinear esta directiva con las mejores prácticas internacionales, y de asegurar que las empresas deben hacer diligencia debida en un diálogo continuo con aquellos afectados por el daño y remediarlo cuando ocurra. Si las empresas no cumplen, deberían enfrentar sanciones, y si se produce un daño que podrían haber evitado, entonces las víctimas deberían poder obtener justicia en los tribunales.»
El Parlamento Europeo ha solicitado de manera constante legislación obligatoria de diligencia debida. La Comisión Europea presentó su propuesta para fomentar el comportamiento corporativo sostenible el 23 de febrero de 2022.
Una vez que el Parlamento adopte su mandato en el plenario, podrán comenzar las negociaciones con el Consejo sobre el texto final de la legislación. Según la propuesta del comité, las nuevas obligaciones se aplicarían después de 3 o 4 años en función del tamaño y la facturación de la empresa.
