El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió en la Universidad de Alicante la VIII reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, donde se anunció la implementación de un plan de formación de lenguas oficiales para el personal de la AGE.

Torres, que estuvo acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, indicó que el plan de formación alcanzaría a 1.000 funcionarios de las seis comunidades (Illes Balears, Catalunya, Euskadi, Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia) que prestan servicios de atención al cliente en sus respectivas lenguas.

El ministro destacó el papel esencial de los empleados públicos en procurar una mejor atención a los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus territorios, lo que da sentido a la utilidad de este plan.

Importancia de las lenguas territoriales

Ángel Víctor Torres defendió la relevancia de las lenguas territoriales. «Con el respeto a las lenguas maternas se preservan conocimientos, se protege la diversidad cultural y se garantizan los derechos humanos», expresó. Además, anunció que se llevaría a cabo una revisión exhaustiva de los contenidos en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para traducir y facilitar el acceso en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas afectadas, dado que «el 90,31% de los servicios que presta la AGE se tramitan electrónicamente».

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática recordó que durante el franquismo, estas lenguas solo podían hablarse en la «intimidad de los hogares» y que, gracias a esa «única llama de resistencia», el país pudo «recuperar el tiempo perdido».

Valoración positiva del Comité de Expertos europeo

El ministro dio cuenta de un informe del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que, tras una visita anterior, valoró muy positivamente dos iniciativas del Gobierno de España.

Por un lado, se destacó la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de las lenguas oficiales por parte de los parlamentarios, lo cual fue considerado por Torres como «un signo de avance y un ejemplo de materialización de nuestros derechos democráticos».

El segundo hito reconocido por el Comité de Expertos europeos en su informe fue la solicitud del Gobierno de España a la Unión Europea para incluir las diversas lenguas habladas en el país como lenguas oficiales de la Unión Europea.

El ministro subrayó que el Gobierno desea «continuar la senda de avance en los derechos de los ciudadanos de nuestro país, redundando en la diversidad que nos define, esa que se refleja en el Estado de las Autonomías».

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, agregó que las lenguas deben ser defendidas «con decisiones, acuerdos y políticas públicas que velen por ellas y las impulsen al futuro». También valoró el trabajo de investigadores e investigadoras que, desde las universidades y centros de investigación, se dedican a la difusión y protección de las lenguas cooficiales.