La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado un acuerdo con los líderes de los sindicatos CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para establecer la nueva cifra del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025. Según lo acordado, el SMI se fijará en 16.576 euros brutos anuales, lo que equivale a 39,47 euros brutos diarios.
Este acuerdo implica la implementación de campañas específicas dirigidas a asegurar que los convenios colectivos reflejen escalas salariales en línea con el nuevo SMI. De esta manera, se procurará que los trabajadores dispongan de mecanismos efectivos para reivindicar su derecho a una remuneración justa y suficiente.
Compromisos adicionales del acuerdo
Además del ajuste del SMI, se ha decidido la creación, en un plazo de dos meses, de una Mesa de Diálogo Social. Esta mesa tiene como objetivo discutir la transposición de la Directiva (UE) 2022/2041, que aborda la necesidad de salarios mínimos adecuados en la Unión Europea.
Dentro de este marco de diálogo, se abordará la modernización de la normativa actual sobre el SMI, así como la compensación y absorción de ciertos complementos. Un aspecto importante a considerar es el establecimiento, por ley, de que el SMI sea, al menos, el 60 por ciento del salario medio. Además, se explorará la posibilidad de que los salarios de los convenios colectivos se actualicen automáticamente en función del SMI, asegurando su retroactividad.
Por otro lado, se adecuarán las tarifas horarias del SMI en función de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en cómputo anual. También se acordó investigar medidas que permitan a los trabajadores tener acceso a procedimientos efectivos que garanticen una remuneración adecuada.
Un cambio en la distribución de la riqueza
La ministra Yolanda Díaz subrayó en su intervención el eslabón roto entre beneficios empresariales y salarios en las últimas cinco décadas en España. "Las rentas salariales han perdido peso de manera deliberada. La devaluación salarial se ha utilizado como una herramienta política para ajustar la carga de las crisis en el sector público y en la clase trabajadora, mientras que los beneficios se han mantenido a salvo", afirmó.
Díaz también resaltó la necesidad de recuperar el equilibrio en la distribución de la riqueza generada por las empresas, enfatizando que los beneficios deben repartirse de manera más equitativa entre las empresas y los trabajadores que contribuyen a su producción. Con este acuerdo, el Gobierno busca una transformación en la percepción del trabajo y la importancia de los salarios en la economía española.
