La Ley de extranjería española y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, ofrecen mecanismos de apoyo a emprendedores y su internacionalización, permitiendo la llegada legal de extranjeros de terceros países a España en distintas categorías. Esto incluye estudiantes, inversores, profesionales cualificados y nómadas digitales.

Además, se contempla la regularización de ciudadanos de terceros países a través de contratos de trabajo, conocido como la figura del arraigo.

Una vez cumplidos los requisitos, es necesario presentar la solicitud de residencia ante la Oficina de Extranjeros correspondiente. Sin embargo, los plazos legales para resolver estas solicitudes (entre uno y tres meses) suelen excederse en la realidad, dejando a los solicitantes en espera.

Una vez concedida la residencia, surge otro problema: obtener una cita en una Comisaría de Policía para obtener la tarjeta de residencia física o NIE.

La historia de una mujer apátrida que lleva 25 años en España ilustra la complejidad del sistema. Debido a su condición, enfrenta dificultades para obtener documentación necesaria, como la cédula de inscripción anual, y renovar su residencia. A pesar de los esfuerzos del despacho de abogados para gestionar su caso ante diferentes instituciones, incluyendo el Ministerio de Justicia y la Secretaría General de Protección Internacional, no han obtenido respuestas satisfactorias.