Diligencias judiciales a Guaguas Municipales por el informe del Tribunal de Cuentas
Guaguas Municipales, en relación con las informaciones publicadas sobre las diligencias judiciales en base al informe del Tribunal de Cuentas, que fiscalizó de manera programada los contratos de 2021 a siete sociedades municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en diferentes ciudades, quiere precisar lo siguiente:
Origen de las diligencias
Estas diligencias surgieron a raíz de una denuncia que forma parte de la normalidad dentro de las labores de control que efectúa el Tribunal de Cuentas, que, en su informe, realizó una valoración positiva a nivel global. Además, precisó que las empresas fiscalizadas se encontraban en 2021 “en proceso de adaptación de sus sistemas de contratación” a los nuevos procedimientos.
Informe jurídico presentado
Guaguas Municipales presentó ante el juzgado un extenso informe jurídico sobre la fiscalización realizada, ofreciendo una explicación detallada sobre cada uno de los contratos en los que se basó el informe del Tribunal de Cuentas.
Contrataciones y marco legal
Se explicó en este informe jurídico que las contrataciones no solo obedecieron a la cobertura de necesidades básicas para la adecuada prestación del servicio público, sino que también se ajustaron al marco legal vigente en el momento de su contratación.
Resultados de la prueba pericial
La Fiscalía solicitó una prueba pericial para corroborar lo manifestado en el informe de Guaguas Municipales. Esta prueba, emitida anteriormente, llegó a conclusiones que refuerzan la postura de Guaguas Municipales:
a) No se detectó un uso ineficiente de los recursos de la empresa en 2021;
b) No ha habido falta de transparencia; y
c) La ausencia de contratación de nuevos proveedores (bajo el nuevo marco legislativo) en 2021 no puede entenderse como indicio del delito de prevaricación administrativa.
Archivo de las actuaciones
Con base en las conclusiones de la prueba pericial, se solicitó al juzgado el archivo de las actuaciones, como ya había sucedido con las empresas municipales de transporte de otras ciudades, donde los juzgados archivaron la causa tras las denuncias y posteriores investigaciones.
