Se destinarán 6.000 millones de euros a dos líneas de inversión: 4.000 millones en préstamos para promotores públicos y privados, provenientes de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y 2.000 millones que avalarán hasta el 50% de estos préstamos, impulsados por el Gobierno de España y gestionados a través del ICO.

Además del presidente Pedro Sánchez, la ministra Isabel Rodríguez y el ministro Carlos Cuerpo, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ismael Arroyo, y el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, firmaron varios acuerdos. Al acto asistieron Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; Leire Iglesias, directora de SEPES; Pablo Torres, secretario general técnico de MIVAU; y Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; así como Rosario Casero, directora general de Negocios del ICO, Ana Martínez, directora del departamento de Mediación con Entidades Financieras del ICO, y Julia Álvarez, jefa del área de intermediación Líneas MRR.

Préstamos ICO «Facilidad para la promoción de vivienda social»

El primer acuerdo firmado establece los 4.000 millones de euros en préstamos a promotores públicos y privados para proyectos que busquen incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, ya sea a través de obra nueva o rehabilitación, incluyendo financiación para la compra de suelo o de edificios.

Este acuerdo permitía la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplieran con las condiciones establecidas para acceder al préstamo. Estos préstamos debían solicitarse antes del 1 de junio de 2026 y formalizarse antes del 31 de agosto de 2026.

Se dispondría de dos vías para acceder a la financiación de los proyectos, distribuidas según la demanda. En un inicio, se preveía que el ICO movilizara 2.000 millones y las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos movilizarían los 2.000 millones restantes. Sin embargo, esta distribución podría variar según la demanda.

Si el ICO era la entidad que concedía el préstamo, la operación solo requeriría verificar el cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación para la posterior concesión del préstamo. Por el contrario, las entidades financieras evaluarían el riesgo según su propia política, ya que ellas asumían el riesgo de impago. Si se optaba por la vía de las entidades financieras, una vez que la entidad y el promotor acordaran el préstamo y se concediera, el ICO transferiría el importe de la operación a la entidad financiera para que procediera con el préstamo al promotor.

Condiciones de acceso a los préstamos

El receptor final debía solicitar este préstamo de «vivienda social» a través de su entidad financiera o directamente con el ICO. Los fondos estarían destinados a proyectos que incrementaran el parque de vivienda en alquiler social o rehabilitaran el existente, que incluían actuaciones del Programa para la construcción de vivienda en alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación (C02.I02), así como viviendas de nueva construcción en suelos públicos y privados, la rehabilitación de edificios para alquiler asequible o social, y la compra de suelo para futura construcción o activos que fueran titularidad de SAREB.

Las viviendas construidas mediante estos préstamos debían destinarse al alquiler social o asequible, o ser cedidas para dicho uso, durante un período mínimo de 50 años.

Asimismo, los proyectos debían finalizarse en diferentes plazos, dependiendo del tipo de proyecto. En particular, la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación debía concluir antes del 30 de junio de 2026. La construcción de edificios en suelo urbanizado tenía un plazo de 4 años desde la formalización del préstamo, con la posibilidad de una prórroga de 2 años más. En el caso de suelos no urbanizados, el plazo era de 8 años, con opción a una prórroga de 4 años adicionales. En cuanto a la rehabilitación, se establecía un plazo de 4 años, con posibilidad de prorrogarlo 2 años más.

Los proyectos financiados debían cumplir con requisitos climáticos, donde los edificios construidos debían tener un consumo de menos del 20% de energía primaria respecto a lo establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según las directrices nacionales, y los edificios rehabilitados debían reducir al menos un 30% de la energía primaria no renovable.

2.000 millones de euros en avales a los préstamos

El Consejo de Ministros aprobó la creación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación destinada a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como para mejorar el existente.

El aval cubre hasta el 50% del importe del capital del préstamo y será gestionado por el ICO. Este aval es gratuito y se otorga automáticamente una vez concedido el préstamo, tanto si se accede a él a través del ICO como desde una entidad financiera adherida a la línea de financiación.

El aval concedido por MIVAU tiene el mismo período de vigencia que el tiempo de amortización del préstamo o, de ser superior, de 30 años.