El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha lanzado un plan operativo para desarrollar en 2025 la estrategia estatal que transformará los cuidados a las personas con dependencia hacia un modelo más centrado en el domicilio y en la comunidad.

Detalles del plan operativo

• El plan operativo tiene una inversión superior a los 2.000 millones de euros aportados por 12 gobiernos autonómicos y por el Gobierno de España para llevar a cabo un total de 695 actuaciones, así como líneas estratégicas como fomentar el acceso a una vivienda digna que evite la institucionalización y permita recibir los cuidados.
• El objetivo es que los cuidados sean personalizados y se reciban en los hogares donde viven las personas con dependencia, mientras se transforma el modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala en entornos comunitarios.
• El ministro Pablo Bustinduy inauguró un congreso sobre esta estrategia estatal en el que se presentó un estudio sobre los procesos de transición a cuidados personalizados y comunitarios.

Inversión y objetivos del plan

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lanzó un plan operativo diseñado para desarrollar la «Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización», que fue presentada por el ministro Pablo Bustinduy en el Consejo de Ministros. Este plan moviliza más de 2.000 millones de euros aportados por los gobiernos de trece comunidades autónomas y por el Gobierno de España, para financiar 695 actuaciones. Se pretende transformar los cuidados que reciben las personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes, así como a las personas sin hogar y menores migrantes. El objetivo es transitar hacia un modelo que ofrezca cuidados personalizados en el hogar de cada usuario/a y cambiar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala en entornos comunitarios.

Uno de los enfoques destacados de este plan es el acceso a una vivienda digna y accesible como un derecho, lo que no solo permitirá que las personas reciban los apoyos necesarios, sino que también evitará la institucionalización. Por ello, muchas de las actuaciones del plan están dirigidas a garantizar las condiciones que permitan a las personas con dependencia permanecer en su hogar tanto como deseen o acceder a viviendas con apoyo en la comunidad para seguir construyendo su proyecto de vida. “La vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para desplegar otros derechos, como el de los cuidados dignos y la autonomía personal”, afirmó el ministro Bustinduy.

Ejes del plan operativo

De los cinco ejes que componen este plan operativo, las acciones en vivienda se agrupan en los ejes 1 y 4 de las siguientes líneas estratégicas:

1. Prevención de la institucionalización: Destinado a evitar dinámicas que llevan a la institucionalización. Las medidas se centran en facilitar acceso a viviendas dignas, promover la salud y garantizar el acceso a servicios de proximidad y la accesibilidad. Este eje contempla 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros.
2. Participación y concienciación social: Busca fomentar la participación activa de las personas dependientes en decisiones sobre sus vidas. Este eje incluye 125 actuaciones con una previsión de al menos 131 millones de euros para fomentar la autodeterminación y el derecho a vivir en comunidad.
3. Transformación de modelos de cuidado: Centrado en revolucionar la formación de profesionales y la gestión del sector para ofrecer herramientas que personalicen los cuidados. Este eje comprende 183 actuaciones con una movilización de 687,2 millones de euros.
4. Servicios para la transición a la comunidad: Medidas encaminadas a que las personas tengan alternativas dignas para vivir en la comunidad, con 125 actuaciones y una estimación de 584,3 millones de euros.
5. Condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización: Este eje requiere de una actualización normativa y de coordinación institucional, previsto con 29 actuaciones y un financiamiento de 47,9 millones de euros.

Colaboración institucional para ajustar las políticas

El plan operativo 2024-2025 fue elaborado mediante un proceso participativo con otros ministerios y comunidades autónomas, asegurando que las políticas propuestas se ajustaran a las realidades locales. Este proceso incluyó la celebración de seminarios y grupos de trabajo.

Pablo Bustinduy inauguró un congreso en el salón de actos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que se presentaron estudios sobre desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados, elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Este evento contó con la intervención de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, para la clausura.